La Fiscalía de La Paz abrió un proceso a petición de Carlos Mesa
Las muy polémicas elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, en las que Morales fue reelegido, desató protestas masivas en el país, lo que llevó a la mayoría de los altos funcionarios bolivianos a renunciar, luego de que el ejército y la policía forzaran a Evo Morales a presentar su renuncia.
La fiscalía de La Paz ha iniciado un proceso penal contra el expresidente boliviano Evo Morales y sus «colaboradores cercanos» por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de octubre, ha escrito los medios, citando al fiscal general del estado, Juan Lanchipa.
«Hemos remitido a la fiscalía departamental de La Paz como apropiada (…), hemos recibido la información que se abrió un nuevo caso contra las ex autoridades en relación con el fraude electoral», comentó Lanchipa a los periodistas.
Anteriormente, el ex líder boliviano Carlos Mesa, quien también participó en las elecciones de octubre de 2019, solicitó que la fiscalía ampliara la investigación de los delitos electorales para incluir a Morales, así como a su ex vicepresidente Álvaro García y los ministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
La investigación inicial se abrió contra seis miembros del antiguo tribunal supremo electoral, TSE, cinco de los cuales están en prisión y uno está bajo arresto domiciliario, agregaron los medios, pero Mesa considera que estaba «inconcluso» y «no tuvo en cuenta los autores intelectuales del incidente».
Se informó la semana pasada que Morales, actualmente en el exilio en Argentina, se registró oficialmente para postularse para la sede de un legislador de la cámara alta por el departamento de Cochabamba.
Desde noviembre de 2019, el ex presidente ha sido asilado en México y refugiado en Argentina
Morales fue depuesto después de las elecciones presidenciales de octubre que provocaron protestas a nivel nacional y posteriormente dejó el país, junto con gran parte de su gobierno, llegando primero a México y luego a Argentina.
En medio de la agitación política, la legisladora opositora Jeanine Añez se declaró presidenta interina de Bolivia a pesar de no alcanzar el quórum necesario, ya que los legisladores del partido gobernante movimiento para el socialismo, MAS, estaban ausentes.
Los adversarios de Morales quieren hacer prevalecer una norma constitucional que exige un mínimo de dos años de residencia en el país inmediatamente anterior al acto electoral, que impediría a Morales aspirar a un escaño.
Los delitos denunciados por Mesa son uso de documento falsificado y alteración y obstaculización de procesos electorales, además de ocultación de resultados, el juicio busca que «nunca más un presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto del pueblo», explicó el abogado de Mesa, Carlos Alarcón.
“Es un hecho de justicia, pues, resultaba inadmisible que solamente estuvieran enjuiciados penalmente los seis vocales electorales cuando éstos no han actuado en este fraude en beneficio propio. Lo han hecho en beneficio del ex presidente Morales y de su cúpula de gobierno”, agregó Alarcón.
