El conflicto por las protestas en Guatemala se mantiene en su segunda semana. Con líderes indígenas exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y una reforma del sistema de justicia.
El conflicto Indigena, politico y social el 11 de octubre de 2023, después de que la fiscal Porras ordenara el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral. Un caso que es calificado de persecución política por los opositores.
Los líderes indígenas, que representan a los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, exigen la renuncia de Porras. Ellos, la acusan de corrupción y de proteger a los intereses del gobierno. También piden la reforma del sistema de justicia corrupto e ineficaz.
Las protestas son reprimidas por la policía, lo que provocó heridos y detenidos. El gobierno es acusado a los manifestantes de ser violentos, por mantener el conflicto y querer desestabilizar al país.
La corrupción incrustada en el gobierno mantiene y alarga el conflicto
La fiscal general, Consuelo Porras, acusa a los manifestantes de ser violentos y de querer desestabilizar al país. También ordenó el despliegue de más policías para reprimir las protestas.
Las protestas causaron perdidas y aumentaron el conflicto en varias ciudades de Guatemala. También afectó el transporte público y el comercio.
Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucia Utatlán, afirmó los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos. “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.
Squic indicó que la cooptación del sistema de justicia desde la fiscalía hasta el más alto tribunal. La Corte de Constitucionalidad, dejó indefensos a los guatemaltecos.
Porras es señalada y sancionada por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.
