Más de 40 indígenas han sido asesinados y todo señala a la captura de sus territorios
Más de 40 miembros de comunidades indígenas han sido asesinados en los últimos años, y muchos afirman que los colonos han sido responsables, mientras que el gobierno de Nicaragua está promoviendo activamente el acaparamiento ilegal de tierras y otorgando concesiones a empresas mineras y madereras en territorios indígenas, según un informe publicado esta semana.
Desde hace más de 5 años, más miembros de comunidades indígenas a lo largo de la costa norte del Caribe de Nicaragua han muerto y muchos más han resultado heridos o secuestrados, según el instituto Oakland, los residentes afirman que los colonos no indígenas han sido responsables de los asesinatos, pero en muchos casos la policía ni siquiera viene a investigar.
La violencia contra los indígenas ha aumentado en los últimos años, oscurecida en primer lugar por la represión del gobierno contra las protestas que comenzaron en abril de 2018 y más recientemente por la atención del mundo que se desvía por la pandemia del coronavirus.
En lo que va de año, ocho personas han sido asesinadas en estas comunidades, señaló Anuradha Mittal, la autora del informe, cuatro de esas muertes se produjeron a finales de marzo, «la violencia está aumentando en los territorios indígenas cuando el mundo se centra en Covid-19», indicó Mittal: «La gente comenta: Olvídate de morir de coronavirus, estamos muriendo de invasiones terrestres».
Mientras todo se desenvuelve con discreta normalidad, el gobierno de Daniel Ortega, no responde a ninguna solicitud de comentarios sobre el contenido del informe, mientras la portavoz del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos condena los ataques ocurridos a finales de enero, cuando decenas de colonos atacaron las comunidades indígenas en Mayangna dentro de la reserva de la biosfera de Bosawás.
El informe expone cómo funcionarios del gobierno son cómplices de las invasiones de tierras indígenas
«La mayor parte de la violencia ha sido llevada a cabo por los colonos en su búsqueda de forzar a salir a los indígenas de sus hogares ancestrales y utilizar sus tierras para la tala ilegal y la ganadería», afirmó la portavoz de la agencia de la ONU, Marta Hurtado, a principios de febrero.
Sobre el papel, Nicaragua parece ser uno de los mejores países en términos de protección de sus pueblos indígenas y sus tierras y un par de sus leyes fueron alabadas internacionalmente por garantizar los derechos de estas comunidades a sus tierras y su derecho a gestionarla.
Incluso, existe una ley que incluye una disposición que pide la limpieza de territorios indígenas de colonos y corporaciones externas que están allí sin título legal, pero «el gobierno no ha hecho cumplir estas leyes, y en su lugar se colinda con los intereses empresariales y desempeña un papel activo en la colonización de las tierras protegidas por los forasteros», señaló el instituto.
«Una corriente constante de colonos, intervenciones del gobierno central, industrias forestales y extractivas, amenazan sus tierras, bienestar económico y autonomía política», la situación se complica aún más por los intereses comerciales personales de la familia del presidente, Daniel Ortega y el informe describe los vínculos de la familia con una de las empresas madereras más activas que trabajan en áreas protegidas.
«La cobertura forestal en Nicaragua ha disminuido del 76% en 1969 al 25% en la actualidad», señala el informe, debido a que la represión de Ortega desde 2018 contra las protestas callejeras causó más de 328 muertes, según la comisión interamericana de derechos humanos.
Más recientemente, el gobierno se ha enfrentado a críticas internacionales por no implementar medidas sociales de distanciamiento e incluso promover reuniones masivas a pesar de la pandemia de Covid-19.
