Las Naciones Unidas expresan preocupación por investigaciones anticorrupción en Guatemala
Las Naciones Unidas emitieron un comunicado expresando su «preocupación» después de que Guatemala anunciara que investigaría a un ex investigador anticorrupción asignado al país.
Iván Velásquez, es el colombiano que dirigió los esfuerzos anticorrupción de la ONU en Guatemala de 2013 a 2019. Él, está siendo investigado por «actos ilegales, arbitrarios y abusivos», según los fiscales de Guatemala.
Pero los críticos advierten que la investigación es el último esfuerzo del gobierno de Guatemala para dar marcha atrás en los esfuerzos anticorrupción.
El secretario general de la ONU, António Guterres, «expresó su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo un proceso penal. En contra aquellos que intentaron arrojar luz sobre casos anticorrupción. Y que trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala«, expresó un portavoz.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tuvo muchos avances anticorrupción
La ONU también subrayó que los «operadores y funcionarios de justicia» de su antigua campaña anticorrupción continúan «disfrutando de privilegios e inmunidades». Incluso después de que sus posiciones hayan llegado a su fin.
La campaña comenzó en 2006 cuando la ONU y Guatemala acordaron lanzar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o CICIG.
El objetivo de la comisión era erradicar a «los grupos criminales que se cree que se habrían infiltrado en las instituciones estatales» a raíz de décadas de guerra civil en Guatemala.
En 2007, en el momento en que se ratificó la comisión, Guatemala estaba en las garras de un escándalo policial. Con informes de ejecuciones extrajudiciales, y se temía que la corrupción pudiera erosionar los logros democráticos del país.
Velásquez, un colombiano que anteriormente se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de su país. Fue nombrado para dirigir la CICIG el 31 de agosto de 2013.
Bajo su liderazgo, la comisión llevó a cabo investigaciones sobre algunas de las más altas autoridades de Guatemala. Incluida la administración del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Tanto Molina como su vicepresidente finalmente renunciaron en medio de acusaciones de participaron en un esquema de corrupción conocido como «La Línea». Este, supuestamente utilizó a funcionarios de aduanas para solicitar sobornos a cambio de evadir los aranceles de importación.
Molina fue sentenciado el mes pasado a 16 años por cargos de fraude y conspiración. Él negó cualquier delito.
Se estima que las investigaciones de la comisión de la ONU llevaron a la condena de más de 400 personas, así como a la interrupción de al menos 60 redes criminales.
