Tribunal dictamina que Colombia no puede reanudar la fumigación con glifosato
Grupos de derechos humanos y políticos en Colombia acogieron con beneplácito la decisión de la corte constitucional del país, que dictaminó esta semana que el gobierno no consultó a las comunidades locales sobre su plan para reiniciar la fumigación con glifosato, aérea de los cultivos de coca.
En una decisión el miércoles, el tribunal indicó que el gobierno del presidente Iván Duque no podía en esta etapa avanzar con los planes de llevar a cabo la fumigación aérea con herbicida glifosato.
Bogotá primero debe consultar adecuadamente con las comunidades que podrían verse afectadas. La coca es el ingrediente base de la cocaína y se cultiva ampliamente en Colombia, el glifosato se utiliza para destruir los cultivos.
«Lo más significativo de este fallo contra el glifosato, es que la corte está protegiendo varios derechos que tienen los agricultores rurales, las comunidades indígenas y negras», Pedro Arenas, director de Viso Mutop.
El uso de glifosato, ya está prohibido en Estados Unidos y Europa
Antes de este fallo de la corte, «el gobierno ignoró la voz de las comunidades», indico Mutop. El gobierno colombiano, durante décadas fue presionado por Estados Unidos para que se reinicie la fumigación con glifosato. Desde que fue prohibida en la nación sudamericana en 2015.
A principios de ese año, la OMS, vinculó el glifosato, comercializado bajo la marca RoundUp en los Estados Unidos, como un carcinógeno humano.
El gobierno de derecha de Duque está esperando para ver si se cumple con los nuevos requisitos ambientales y de salud establecidos por la corte constitucional en 2019. Un requisito para reiniciar la fumigación aérea con glifosato.
La fumigación aérea de glifosato previamente vio suministros de agua rural contaminados y cultivos de alimentos destruidos en el campo colombiano.
Arenas indicó que la decisión de la corte destaca la obligación incumplida que el gobierno tenía de comprometerse con las comunidades. Estas se verían afectadas por la fumigación antes de poder reiniciar las fumigaciones aéreas.
«Los aviones que el gobierno tiene listos para rociar, no van a poder despegar», afirmó Arenas. «Este es un tema que el próximo presidente tendrá que asumir. Es un triunfo para estas comunidades y también para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos».
La orden del tribunal significa que las autoridades colombianas tendrán que llevar a cabo un proceso de consulta con las comunidades en seis áreas de fumigación planificadas. Con ellas se cubren 104 municipios en 14 departamentos. Las agencias gubernamentales tendrán un año, prorrogable por seis meses, para completar este proceso.
