La hipocresía del presidente de México está confirmada, un hombre que hizo su nombre bloqueando las instalaciones petroleras de Pemex en el sureste del estado de Tabasco, ha sido criticado por su apoyo a una ley estatal que prohíbe las protestas, esa ley garrote con la que se encarcelará a los activistas.
El lunes, los partidarios de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco aprobaron una legislación que impone castigos severos por las protestas, incluidas penas de prisión de hasta 20 años por bloquear el acceso a las empresas y 13 años por impedir el trabajo en proyectos de obras públicas.
Esta hipocresía, se produce justo cuando AMLO anunció el inicio de la construcción de una refinería de 8 mil millones de dólares en Tabasco, un proyecto que quiere completar en cuatro años y para el cual aún está pendiente un estudio de impacto ambiental.
“No es una ley contra la protesta, es una reforma antiextorsión. Esto está muy claro”, indicó el secretario de gobierno de Tabasco, Macros Medina Filigrana.
López Obrador se hizo eco de esos sentimientos en su conferencia de prensa del lunes, diciendo que Pemex y sus contratistas habían sido extorsionados previamente por individuos que cobraban tarifas en las carreteras que conducen a sitios petroleros.
Los críticos ven la ley como una hipocresía, dada la historia de AMLO de hacer señas a los partidarios para que bloqueen las calles y se niegan a decir una palabra aguda hacia secciones renegadas de los sindicatos de maestros, cuyas protestas han derrumbado algunas ciudades del sur y ocasionalmente la capital.
La hipocresía de AMLO afectará los derechos humanos y restringe el derecho a la protesta
«Es hipocresía para alguien que hizo toda su carrera con una reputación de protestas y bloqueos», indicó Gerardo Priego, un político opositor en Tabasco, “¿Quién va a definir si es extorsión o no? ¿Sus amigos no serán manifestantes y sus oponentes extorsionistas?
El hashtag #LeyGarrote, fue tendencia en México, junto con imágenes de un joven López Obrador cubierto de sangre después de enfrentamientos con soldados de protestas pasadas.
López Obrador comenzó su carrera política como delegado estatal para el Instituto indígena mexicano y las comunidades organizadas, cuyas tierras fueron estropeadas por la contaminación de Pemex y no fueron compensadas.
Más tarde dirigió largas marchas a la Ciudad de México después de escandalosas elecciones locales a mediados de la década de 1990, sus partidarios acamparon en el gran Paseo de la Reforma de la capital durante seis semanas en 2006 para protestar contra un resultado electoral desfavorable.
López Obrador barrió las elecciones en 2018, reclamando la presidencia y las mayorías en el congreso, después de capitalizar el descontento por la corrupción y prometiendo poner fin a la represión contra los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y los periodistas.
Pero apoyando esta hipocresía, varios estados con gobernadores acusados de actos masivos de corrupción aprobaron leyes contra las protestas, como Quintana Roo, hogar de Cancún, donde los políticos afirmaron que las protestas dañarían al turismo.
El índice de aprobación de AMLO se mantiene en más del 60%, aunque ha avivado la inquietud a la izquierda, de la que afirma ser parte, con medidas como anunciar medidas de austeridad, crear una policía militarizada para calmar el país y atacar a los medios críticos.
«Se benefició de marchas, protestas y periodismo de investigación que revelaron corrupción o ineptitud por parte de políticos a los que una vez se opuso», indicó Javier Garza, analista político en la ciudad de Torreón y ex editor de un periódico, pero «Ahora que es presidente, las protestas y las investigaciones periodísticas van en contra de él, y no le gusta».
