Ricardo Anaya bajo la lupa por enriquecimiento ilícito
1,4 millones de dólares no declarados ponen en entredicho la solvencia del tabasqueño
La reciente vinculación con un caso de lavado de dinero descubierto por una investigación española, han colocado al centro derechista Ricardo Anaya en la mira de las autoridades, además la posesión de su esposa de cuentas millonarias ha dejado al candidato de la coalición PAN-PRD-MC en una posición nada favorecedora, ahora le tocará limpiar su prontuario y el de su familia antes que sea juzgado a priori.
Un reportaje publicado en el semanario y análisis político y social mexicano proceso, poco antes de realizarse el segundo debate presidencial con miras a las elecciones del primero de julio, ha dejado al descubierto que Carolina Martínez Franco, esposa de Anaya ha obtenido ingresos por unos 1,4 millones de dólares entre 2013 y 2016.
Ricardo Anaya ha señalado que gana aproximadamente 400 mil pesos al mes, que es la cifra que habría revelado en su declaración de patrimonio del 2016, cuando era el presidente del PAN, Partido de Acción Nacional.
En la publicación se cuenta con detalle que si esta cifra en totalmente cierta, sumarían durante esos tres años 19,2 millones de pesos, número que no se corresponde con los 28 millones que se encontraron en los estados de cuenta del banco HSBC de Martínez Franco que fueron obtenidos por el semanario.
Anaya vinculado al lavado de dinero
Por lo antes expuesto, quedarían 9 millones de pesos, algo más de 450 mil dólares, que en candidato al palacio de los Pinos y Martínez debería poder aclarar, estos ingresos no estarían vinculados a la venta de una nave industrial de propiedad de la empresa Juniserra, de la que Anaya y su esposa aparecen como propietarios, y por la que se habrían recibido 54 millones de pesos, y se habría realizado posteriormente a recibir la cantidad injustificada, por otra parte, Juniserra estaría ligada a una empresa fantasma que actualmente estaría siendo investigada por blanqueo de capitales en España.
Los ingresos de Ricardo Anaya y de su familia, han estado bajo el ojo observador de los medios desde que fuere presidente del Partido de Acción Nacional, ya que, con unos ingresos tan normales, viajaba todas las semanas desde México a Atlanta en los Estados Unidos, donde residía su familia.
Durante esta semana se ha desvelado que el juzgado de Instrucción 4 de Madrid, ha abierto una averiguación anticipada de número 907/18, sobre el cohecho de lavado de dinero por parte de Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva de origen español, en ella se les acusa de favorecer al candidato y ex presidente de PAN, al haber supuesto la compraventa del inmueble.
El escándalo se expuso cuando el abogado Adrián Xamán McGregor, recusara a Anaya sobre su participación en operaciones de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito a través de la compra de un terreno en 10 millones de pesos, que fuere vendido por el ahora candidato presidencial, como nave industrial por 54 millones de pesos a la empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.
Esta empresa estaría inmersa en una sucesión de triangulaciones que encendieron las alarmas de la justicia y que involucraría al empresario Manuel Barreiro, El expresidente del PAN ha dicho, “se me acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones de pesos, de lo que resulta, según ellos, una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos. Esta acusación es falsa y dolosa», declaró.
En una publicación aparecida en su sitio web, Anaya ha adicionado con referencia a su vinculación con la compañía fantasma y Manuel Barreiros, que «las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial en él fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares; no intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se utilizaron recursos públicos», explicó.
Esta investigación forma parte de una larga lista de casos que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC español, adelanta por el presunto desvío ilegal de fondos utilizando triangulaciones monetarias a través de paraísos fiscales de España, Gibraltar, Canadá y algunos países del caribe.
