La justicia alcanzó al perpetrador del brutal asesinato contra la ambientalista Cáceres
Fuera de todo pronóstico, en un país como Honduras, donde reina la impunidad y los intereses del narcotráfico gobiernan. La larga y a veces olvidadiza mano de la justicia, ha puesto a la sombra al asesino o quizás al autor intelectual del homicidio de la ambientalista Berta Cáceres.
Cáceres fue, una activista ambiental de larga data y líder indígena. Recibió un disparo mortal en 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza. Poco después de liderar la oposición al proyecto, que habría construido una represa en el río Gualcarque.
Los activistas en las tierras ancestrales de su pueblo Lenca. habían explicado que el proyecto causaría grandes interrupciones en su suministro de agua. Pero, los constructores no consultaron a los grupos indígenas de la zona.
Los grupos de derechos humanos informaron que Cáceres había soportado años de amenazas y acoso por parte de DESA que se remontaban al menos a 2013.
La justicia para Cáceres «nunca estará realmente completa hasta que todos… sean condenados»
Un ejecutivo de la empresa de construcción hondureña DESA, fue declarado culpable del asesinato en 2016 de Berta Cáceres. Fue el dictamen del tribunal este lunes, en lo que los partidarios de Cáceres celebraron como una «victoria».
David Castillo es el exjefe de desarrollos energéticos, DESA. Empresa que ejecutó el proyecto de represa hidroeléctrica Agua Zarca por 50 millones de dólares.
Otras siete personas, son declarados culpables y condenados por desempeñar algún papel en el asesinato. Esto provocó la condena internacional y los llamamientos generalizados a la justicia.
Es una victoria o al menos un comienzo
Castillo fue acusado originalmente de ser el cerebro detrás del asesinato. A pesar de que se le encontró culpable de conspirador el lunes. Su audiencia de sentencia está programada para el 3 de agosto.
El grupo de derechos indígenas fundado por Cáceres, el consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras, COPINH, calificó la decisión como una «victoria» para el pueblo de Honduras.
«Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia», al menos hasta ahora señaló el COPINH.
