La gente huye mientras tres grupos pelean rutas de drogas.
Más de 40 mil desplazados han generado la pugna de tres grupos que están luchando la supremacía de las rutas de drogas, plantaciones de coca y contrabando de gasolina, en una franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, según informe revelado por Human Rights Watch.
Los grupos armados ilegales han obligado a unas 40 mil personas a huir de sus hogares y convertirse en desplazados, mientras luchan por el control de una de las zonas más desprotegidas por Colombia, la región del Catatumbo neogranadino, conocido por sus rutas de narcotráfico en el límite con Venezuela.
El informe de 64 páginas destaca los importantes desafíos de seguridad que Colombia aún no ha enfrentado después de que el gobierno firmó un acuerdo de paz de 2016 con el grupo guerrillero de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc.
Ese acuerdo y una débil presencia estatal han dejado un vacío en el Catatumbo y otras áreas remotas que ha sido ocupado por grupos armados más pequeños, que están desatando una nueva ola de violencia alimentada por las drogas y los desplazados desde Venezuela.
En el informe, llamado “La Guerra en Catatumbo”, Human Rights Watch afirma que tres grupos armados están luchando por rutas de drogas y plantaciones de coca abandonadas por los rebeldes de las Farc en la región, incluido el ejército de liberación del pueblo (paramilitares), el ejército de liberación nacional y un pequeño grupo de ex Farc.
Estos grupos armados han expulsado a miles de habitantes de zonas rurales de sus hogares, convirtiéndose en desplazados, han asesinado líderes comunitarios y reclutado a la fuerza niños en sus filas, según el informe, que también incluye entrevistas con niños, estos últimos se han visto obligados a trabajar cosechando hojas de coca, la materia prima para la cocaína.
Los desplazados venezolanos, también son víctimas de trabajos forzados en Catatumbo
«El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia presentó una oportunidad histórica para detener los graves abusos y atrocidades asociados con un conflicto armado de décadas», escribe el informe.
«Sin embargo, en la práctica, el gobierno no ejerce un control efectivo sobre todo el territorio en áreas particulares recuperadas de las Farc», y el Catatumbo es una de esas regiones, donde el sistema eléctrico y las telecomunicaciones llegan desde Venezuela.
El Catatumbo es aproximadamente del tamaño de Rhode Island y limita con Venezuela y en 2017 produjo alrededor del 15% de la cosecha de coca de Colombia, según cifras de la ONU, es una región montañosa que ha sido utilizada por narcotraficantes como punto de partida para exportar cocaína.
Human Rights Watch acusó al gobierno de Colombia de «no cumplir con sus obligaciones» de proteger a los civiles en el área, que incluyen aproximadamente 25 mil migrantes venezolanos.
La organización también se refirió a que los migrantes que huyen de las dificultades económicas en Venezuela se han visto obligados a realizar trabajos sexuales en Catatumbo y también están cosechando hojas de coca en un intento desesperado por alimentar a sus familias.
El informe indicó que hubo 231 homicidios en Catatumbo el año pasado o el doble que antes de que se firmara el acuerdo de paz con las Farc y que solo dos miembros de grupos armados han sido condenados por asesinatos en Catatumbo en los últimos tres años.
«Mientras los grupos armados luchan por el vacío dejado por las Farc en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado atrapados en el conflicto», comentó José Miguel Vivanco, director del grupo para las Américas.
Human Rights Watch está pidiendo al gobierno de Colombia que aumente el número de investigadores que trabajan en casos de desplazamiento forzado, asesinatos y desapariciones en la región.
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