Un megaproyecto contra la selva Maya

Es aclamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un faro de prosperidad y un punto neurálgico de su política para la península de Yucatán. Pero, el costo ambiental del megaproyecto del Tren Maya divide amargamente a las comunidades a lo largo de su ruta.

Las excavadoras raspan la tierra calcárea a las afueras de la ciudad de Xpujil, en el estado de Campeche, al sur de México. La tierra está siendo despejada para dar paso a la línea de tren maya, un megaproyecto controvertido que cruzará la península de Yucatán. Con el fin de llevar a los turistas desde las playas de Cancún y Tulum a sitios arqueológicos mayas en el corazón de la selva.

Hasta el momento, se extrajo un área considerable de la selva tropical, la segunda más grande de América después del Amazonas. El megaproyecto, trajo un alto costo ambiental en su ruta de 1 mil 525 km, que atravesará tierras habitadas en gran parte por grupos indígenas.

«Lo que se está haciendo con el megaproyecto del tren maya no es maya de ninguna manera. Es una decisión desde arriba», gritó el líder maya de Q’anjob’al, Romel González Díaz, en Xpujil este mes. Escuchando estaban unos 100 líderes indígenas, activistas y observadores internacionales que unieron a «La Caravana el Sur Resiste». Ésta, pasó por los cinco estados que cruza la línea del tren, alentando a la oposición de la comunidad contra el Megaproyecto.

Académicos, científicos y abogados también advierten que el esquema del Megaproyecto está causando graves daños ambientales

Particularmente a lo largo de parte de la ruta que atraviesa la reserva de la biosfera de Calakmul, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí, antiguas pirámides entran en erupción a través del dosel del bosque. Más de 100 especies de mamíferos habitan el bosque, incluyendo la población de jaguares más importante de Mesoamérica. Junto a 398 especies de aves y 84 reptiles, algunos en riesgo de extinción.

Casi 3 mil hogares ancestrales en territorios mayas que viven a lo largo de la ruta ya fueron desplazados. Pero, el tren Maya es el proyecto favorito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este afirma que traerá empleos e infraestructura a una de las regiones más pobres del país.

El trabajo comenzó en 2020 y López Obrador quiere verlo terminado antes de dejar el cargo en 2024. Según Fonatur, el Fondo Nacional de Promoción Turística y oficina que administra el proyecto, los primeros trenes de alta velocidad llegarán a Cancún en julio. Y se probarán a lo largo de parte de la ruta en agosto.

El tren destroza miles de hectáreas de selva, aplasta sitios arqueológicos y deja a miles sin casa y sustento

El proyecto de 20 mil millones de dólares se completará a finales de año. El gobierno de López Obrador declaró la línea ferroviaria como un proyecto de seguridad nacional y colocó al ejército a cargo de patrullar, proteger y supervisar parte de la construcción.

Al menos 25 denuncias legales ya fueron presentadas por grupos que viven a lo largo de la ruta. Mientras, intentan detener u obstaculizar el progreso del ferrocarril. En marzo de 2020, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, obtuvo una orden judicial para detener la construcción. Pero, las autoridades siguieron adelante con la obra.

La pasada semana, la Suprema Corte de Justicia de México decretó que el tren y otras obras de desarrollo no pueden declararse arbitrariamente como cuestiones de «seguridad nacional». Sin embargo, el presidente restableció la designación pocas horas después.

La caravana salió de Chiapas en abril y viajó durante 10 días a pie y en autobús a lo largo de toda la ruta. La gente llevaba pancartas que decían «No al tren asesino» y gritaban el lema «Calakmul es un tesoro que vale más que el oro». Poco después, llegaron al sitio de la estación propuesta en Xpujil, donde González Díaz entregó al centinela un pedazo de papel con el decreto del juez, mientras los 20 soldados de guardia tomaban fotos de los manifestantes.

Los manifestantes saben que están asumiendo riesgos al oponerse a un proyecto gubernamental de este tamaño e importancia. Mientras, que México fue nombrado el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales el año pasado.