Colombia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo de América Latina, con una producción promedio de 745 mil barriles por día en 2020. Sin embargo, parte de ese crudo no llega a su destino final, sino que es robado por bandas armadas que lo utilizan para fines ilícitos.
Según datos de Cenit, la filial de transporte de la estatal Ecopetrol, el robo de petróleo en Colombia alcanzó un máximo de al menos seis años en el primer semestre de 2021, con un promedio de 3 mil 299 barriles por día, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.
El principal motivo de este incremento es la demanda de combustible para la producción de cocaína, que también ha experimentado un auge en los últimos años. Colombia es el mayor productor mundial de esta droga, con una estimación de 1 mil 228 toneladas en 2020, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Pero, para elaborar la cocaína, se necesita una gasolina rudimentaria, conocida como “pategrillo”, que se obtiene al refinar el petróleo robado en destilerías clandestinas. Según la policía, cada kilo de cocaína requiere entre 80 y 120 litros de pategrillo.
El robo de petróleo tiene graves consecuencias para el país, tanto económicas como ambientales y sociales
Los responsables del robo de petróleo son grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y Los Pelusos, que operan en zonas rurales y fronterizas, donde hay poca presencia del Estado.
Estos grupos perforan los oleoductos, especialmente el de Caño Limón-Coveñas, que transporta el crudo desde el departamento de Arauca hasta el puerto de Coveñas, en el Caribe. Luego, extraen el petróleo con mangueras y lo almacenan en tanques o camiones cisterna, que luego trasladan a las refinerías ilegales o a Venezuela, donde lo venden a bajo precio.
El robo causa más problemas que apoyar al narcotráfico
Por un lado, genera pérdidas millonarias para la industria petrolera, que debe asumir los costos de reparación de los oleoductos, de recuperación del crudo y de pago de indemnizaciones a las comunidades afectadas.
Según Cenit, el robo de petróleo le costó a la empresa unos 40 millones de dólares en 2020.
Por otro lado, provoca derrames de petróleo que contaminan el suelo, el agua y el aire, y que ponen en riesgo la salud y el sustento de miles de personas que viven cerca de los oleoductos.
Según la Contraloría General de la República, entre 2016 y 2019 se registraron 1 mil 484 derrames de petróleo en el país, que afectaron a 23 departamentos y 226 municipios.
El Gobierno anunció medidas para combatir el robo de petróleo, como el fortalecimiento de la seguridad en las zonas críticas, la judicialización de los responsables, la destrucción de las refinerías ilegales y la prevención de la contaminación ambiental.
Sin embargo, los expertos coinciden en que la solución definitiva pasa por atacar las causas estructurales del problema, como la pobreza, la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades de desarrollo de las regiones productoras de coca y de petróleo.
