La discusión trata de reprobar al ministro de defensa por los falsos positivos
El país está compungido desde que la cámara de representantes del congreso de Colombia abriera un debate el lunes para censurar al ministro de defensa del país, en medio de las críticas nacionales de que los militares habían emitido órdenes este año para alentar los abusos contra los derechos humanos, la audiencia para disciplinar al ministro, Guillermo Botero, se produjo tres semanas después de que el New York Times revelara nuevas órdenes que indican a los principales comandantes del ejército «duplicar los resultados» de sus misiones militares contra la guerrilla, los grupos paramilitares y los grupos criminales.
Al aparecer en los medios las órdenes, se envió un escalofrío a las filas del ejército, y algunos comandantes de alto rango afirmaron que la presión para llevar a cabo ataques significaría un alto número de víctimas civiles y ya había provocado muertes sospechosas.
En los últimos veinte años, hasta 5 mil asesinatos ilegales ocurrieron en circunstancias similares, conocidas hoy en día como ejecuciones de «falsos positivos», que han producido protestas y algunas destituciones en el ejército.
«Hay órdenes que se han hecho públicas que nos han traído el terror de que nos remontamos a tiempos que pensábamos que habían terminado», afirmó Luis Alberto Albán, ex líder de la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, el grupo rebelde conocido como las FARC, que ahora se ha convertido en partido político desmilitarizado.
En función de presentar hechos contra el imputado, durante el debate en el Congreso, Albán señaló que más de 130 ex miembros de las FARC han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, incluidos algunos a manos del ejército y otros por paramilitares.
En referencia a la nota publicada por el NY Times y que tan disgustado tiene al gobierno neogranadino, Katherine Miranda, legisladora de la alianza verde, comentó que el informe «mostró claramente que hemos caído en políticas que han incentivado las ejecuciones extrajudiciales».
La nota publicada en el diario norteamericano, no fue originada desde la oposición al presidente Iván Duque, sino que se trató de informaciones liberadas por «altos funcionarios del ejército», y que «es el propio ejército el que denuncia que posiblemente enfrentemos nuevamente falsos positivos».
El presidente de Colombia ha dirigido una carta de reclamo a el diario norteamericano por haber liberado la información
El gobierno de Iván Duque, ha comenzado una cacería de brujas entre los órganos castrenses, puesto que los oficiales de alto rango que hablaron con el NY Times proporcionaron copias de las órdenes en las que se les había ordenado duplicar el número de rendiciones, capturas y asesinatos por operaciones militares, y reducir el estándar bajo el cual los lanzaron.
Mostrando entre otras pruebas, un formulario con la promesa en el que expresaba que el general de división Nicasio Martínez Espinel, jefe del ejército, había manifestado a los comandantes que establecieran metas para la cantidad de criminales y miembros de grupos armados muertos, capturados y obligados a rendirse en la batalla.
Ya el ejército ha tomado medidas disciplinarias y ha informado que cambiaría su forma, y Francisco Santos, embajador de Colombia en los Estados Unidos, más tarde afirmó que había sido retirado por completo.
El 24 de mayo, el presidente Iván Duque anunció que estaba nombrando una comisión independiente para revisar las órdenes y garantizar que no violaban las leyes internacionales o de derechos humanos, pero hacia el final de la audiencia, Botero fue ante los legisladores para ofrecer una defensa, diciendo que siempre había sido honesto con el gobierno respecto a las acciones de los militares.
Botero explicó que, si bien el ejército había intensificado sus ataques este año, su énfasis siempre había sido las capturas y rendiciones en lugar de las muertes en combate, «no puedes tener resultados en asuntos de seguridad si no observas la constitución, la ley, los derechos humanos y las normas internacionales», comentó en su defensa.
Por el momento y en vista de las acusaciones y pruebas en su contra, el futuro de Botero podría ser el tema de votación en la próxima semana, pero aún no está claro qué tan lejos irá el esfuerzo para expulsarlo en la mayoría conservadora del congreso en el país.
Por otra parte, está que la semana pasada, los aliados de Duque en el congreso promovieron un ascenso de rango al general Martínez, a pesar de los pedidos de su renunciara y en su testimonio ante el senado colombiano la semana pasada, Botero afirmó que el número de operaciones militares se había ampliado durante su mandato, un tercio, pero que los ataques «siempre se hacían con respeto a los derechos humanos».
Algo que sólo los afectados podrán comprobar, pero está siendo muy difícil en un país en el que en los primeros 5 meses se ha asesinado a más de 300 líderes comunitarios y defensores civiles en todo el territorio, asesinatos que en la mayoría de los casos ha sido a manos de paramilitares y en supuestas operaciones contra guerrilleros.
