La oficina de derechos humanos de la ONU expresa su preocupación por la represión contra los mareros
La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó su preocupación por las restricciones a las libertades civiles. También informó sobre el uso «excesivo» de la fuerza por parte de la policía y los oficiales militares contra los mareros en El Salvador, detrás de la reciente ola de violencia.
En un comunicado de este martes, la portavoz Liz Throssell indicó que la policía y los militares desplegadas bajo el estado de emergencia recurrieron al «uso innecesario y excesivo de la fuerza» contra los mareros.
También indicó, «más de 5 mil 747 personas están detenidas sin una orden de arresto» desde que se adoptó el estado de emergencia contra los mareros a fines de marzo. “Algunas están sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes».
«Ahora, reconocemos los desafíos que plantea la violencia de los mareros en El Salvador y el deber del estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», explicó Throssell.
Bukele indicó que 6 mil miembros de los mareros, ya están arrestados
El parlamento salvadoreño aprobó un «estado de excepción» el 27 de marzo tras más de 80 asesinatos el fin de semana. El gobierno atribuyó a mareros y otras bandas criminales. Sesenta y dos personas murieron en un solo día, el recuento más alto de un día en décadas.
El estado de emergencia suspende ciertas libertades civiles, incluido el derecho de asociación y el derecho a asistencia letrada. Lo que provocó llamamientos de grupos de la sociedad civil para que el presidente Nayib Bukele garantice que se cumplan las normas internacionales de derechos humanos.
Los dos principales grupos criminales del país, la Mara Salvatrucha o MS-13 y Barrio 18, tienen un estimado de 70 mil miembros entre ellos. Además de otros miles ya están en las cárceles salvadoreñas.
El presidente, quien la semana pasada advirtió que la pertenencia a pandillas conduce a «prisión o muerte». También se comprometió el lunes a negar alimentos en prisión a los pandilleros que se «vengan» de la población por sus políticas, una amenaza que repitió el martes.
Los miembros del partido gobernante de Bukele impulsaron la semana pasada aumentos sustanciales en las penas de prisión en respuesta a la violencia.
Bajo las nuevas reglas, los señores de pandillas condenados ahora serán sentenciados a 40 a 45 años de cárcel. En comparación con seis a nueve años antes, mientras que otros miembros de pandillas serán sentenciados a 20 a 30 años, en comparación con tres a cinco años antes.
ONU defiende los derechos de los victimarios
Throssell indicó que la oficina de la ONU estaba «profundamente preocupada por ciertas enmiendas a la ley penal y el procedimiento penal» en El Salvador. Incluida la imposición de sentencias más altas y el debilitamiento de las garantías del debido proceso.
«Los juicios penales ahora pueden celebrarse en ausencia, en el caso de presuntos pandilleros, o presididos por los llamados jueces sin rostro. Se trata de jueces, cuya identidad sigue siendo confidencial, mientras que se ha eliminado el límite anterior de dos años a la prisión preventiva».
Throssell también explicó que los adolescentes asociados con pandillas que son declarados culpables de delitos graves ahora pueden ser sentenciados como adultos. Y pueden ser obligados a cumplir sus sentencias en prisiones para adultos en lugar de centros de detención juvenil.
«Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia. Así como, las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción. Esto es especialmente con respecto a los niños».
