Pueblos indígenas instaron a la CPI a investigar a Bolsonaro por genocidio
Así como en los últimos 2 años, la articulación de los pueblos indígenas de Brasil o APIB, retoma la protesta contra Bolsonaro y sus prácticas en contra del medio ambiente y en especial sobre el manejo de la pandemia.
Los indígenas brasileños, en esta ocasión, acudieron a la corte penal internacional, CPI, en busca de ayuda para iniciar una investigación, contra el presidente Jair Bolsonaro por crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas desde el comienzo de su mandato.
«La articulación de los pueblos indígenas de Brasil presentó, este lunes, una declaración ante la corte penal internacional, para denunciar al gobierno de Bolsonaro sobre genocidio”, afirma un comunicado.
“La organización solicita al fiscal de la corte que examine los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 2019. Con especial atención durante el período de la pandemia de Covid-19″, señaló la APIB.
Es la primera vez que los pueblos indígenas apelan directamente a la CPI
«Creemos que existen actos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Dada la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar, procesar y juzgar estas conductas. Las denunciamos ante la comunidad internacional, en toda la corte penal internacional», afirmó Eloy Terena, coordinador legal de APIB.
El comunicado está compuesto por varias denuncias de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas. Que llegan a demostrar la planificación y ejecución de una política anti indígenas explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro.
El 4 de agosto, la cámara de diputados, la cámara baja del parlamento de Brasil. Aprobó un proyecto de ley que facilitaba la legalización de las tierras ocupadas por empresas. Incluidos los territorios de la Amazonia, a pesar de las cáusticas críticas de activistas verdes y de derechos humanos.
Las tierras en cuestión están habitadas en su mayoría por indígenas. Estos tendrán que demostrar que ocuparon el territorio antes de que entrara en vigor la constitución de 1988. De lo contrario, una laguna en la legislación brasileña, llamada «Marco temporal», permite la legalización de las tierras ocupadas por los terratenientes ilegales.
Las tribus indígenas son consideradas como las guardianas de la cultura y los bosques diversos de Brasil. En los primeros dos años del gobierno de Bolsonaro, la deforestación aumentó un 48%. Y alcanzó una tasa récord desde 2008, con más de 1 millón de hectáreas desapareciendo.
