Miles de reclusos tatuados son fotografiados, mientras son enviados a la Megacárcel de Bukele en El Salvador

El gobierno de El Salvador traslada a 2 mil presuntos pandilleros a una nueva Megacárcel. Mientras, el gobierno salvadoreño es acusado de abusos generalizados. Renunciando a las libertades civiles para combatir la actividad de las pandillas.

La nación centroamericana transfirió a los señalados de pertenecer a pandillas a la Megacárcel recientemente inaugurada. La transferencia se produce después de una ola de operaciones contra las pandillas en las que la policía detuvo a más de 64 mil personas y se suspendieron libertades civiles clave.

En una publicación de Twitter el viernes, el presidente Nayib Bukele celebró la llegada de los presuntos pandilleros a la Megacárcel. Que tiene espacio para al menos 40 mil personas y de la se afirma que es la más grande de América.

«Al amanecer, en una sola operación, trasladamos a los primeros 2 mil miembros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT», señaló Bukele. «Esta será su nueva casa, donde vivirán durante décadas, todos mezclados, incapaces de hacer más daño a la población».

La Megacárcel ubicado a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, está compuesta por ocho edificios

Bukele y sus aliados aprobaron un controvertido «estado de excepción» el año pasado. Suspendiendo derechos clave como el derecho a un abogado y el derecho a la comunicación privada. La declaración también permitió a la policía realizar arrestos sin una orden judicial y sin explicación.

Los grupos de derechos humanos criticaron las medidas, acusando al gobierno de empoderarse para actuar con impunidad con pocos recursos para los encarcelados injustamente. Decenas de personas encarceladas murieron durante el estado de excepción, que se extendió varias veces.

Sin embargo, la represión obtuvo un amplio apoyo de los salvadoreños. Muchos atribuyen a las medidas la contención de las bandas criminales que infligieron campañas de violencia y explotación en barrios enteros durante décadas.

En un artículo de febrero, el periódico salvadoreño El Faro, informó sobre los presuntos abusos durante el estado de excepción. Explicó, que el gobierno habría asestado un duro golpe a las pandillas, incluso cuando cuestionó cuán duraderos serían esos cambios.

«Los críticos del estado de excepción admiten, con matices, que produjeron resultados tangibles para la población», indica el artículo. «Pero centran la discusión en el futuro: ¿Cómo mutarán estas organizaciones? ¿Qué tan sostenibles son los logros de una política de represión?».