Un duro golpe para la democracia y la esperanza de cambio
El viernes 27 de enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado. La líder opositora que ganó las primarias independientes con el 90% de los votos a favor. El fallo se produjo meses después de que el presidente Nicolás Maduro y la oposición respaldada por EEUU alcanzaran un acuerdo. En teoría para mejorar las condiciones electorales antes de los comicios de este año. El acuerdo llevó a Washington a aliviar las sanciones económicas al gobierno de Maduro.
Machado, una exabogada de profesión, había presentado una demanda ante el TSJ en diciembre. En ella argumentaba que la inhabilitación era nula. Por lo que, una orden judicial para proteger sus derechos políticos. Sin embargo, el tribunal confirmó la prohibición, que alega fraude y violaciones fiscales y la acusa de buscar las sanciones económicas que EEUU impuso a Venezuela la década pasada.
Machado insistió durante toda la campaña en que nunca recibió una notificación oficial de la prohibición. Afirmó que los votantes, no los leales al partido gobernante son los que toman las decisiones legítimas sobre su candidatura.
La decisión del TSJ cierra en la práctica la posibilidad de que Machado pueda enfrentar a Maduro, candidato natural del chavismo. En las elecciones previstas para el segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo acordado en Barbados.
Machado tuiteó que la «lucha por conquistar la democracia a través de elecciones libres y justas» de su campaña no ha terminado. Y que Maduro y su sistema criminal eligieron el peor camino para ellos: elecciones fraudulentas. No ofreció ningún detalle sobre sus próximos pasos y su campaña se negó a hacer comentarios.
La inhabilitación señala la persecución política y represión
La inhabilitación de Machado no es un hecho aislado, sino que forma parte de una larga historia de persecución política y represión por parte del gobierno de Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez, contra sus adversarios. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales.
Machado tuvo una inhabilitación por un año en 2015 por asistir como «embajador alterno» de Panamá a una reunión de la OEA. Donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían «la salida» de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber «solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana».
Otros líderes opositores también han sido víctimas de la inhabilitación política, como Henrique Capriles, que enfrentó a Chávez en 2012 y a Maduro en 2013, y Leopoldo López, que fue encarcelado en 2014 y luego se exilió en España en 2020. Ambos apoyaron la candidatura de Machado y denunciaron la decisión del TSJ como un ataque a la democracia y a la voluntad popular.
Un escenario incierto y complejo para el futuro de Venezuela
La inhabilitación de Machado deja un vacío en la oposición venezolana, que se encuentra dividida y debilitada tras años de fracasos electorales, boicots, abstenciones y negociaciones infructuosas con el gobierno. Machado representaba una opción de cambio radical y de confrontación con el régimen, frente a otros sectores más moderados y dialogantes, como el que lidera Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino reconocido por más de 50 países, que no participó en las primarias y que ha perdido apoyo popular y respaldo internacional.
La inhabilitación de Machado también plantea un desafío para la comunidad internacional, que tendrá que evaluar si reconoce o no la legitimidad de las elecciones venezolanas. Estados Unidos, que ha sido el principal aliado de la oposición, tendrá que definir su posición y su estrategia ante un escenario que se complica cada vez más y que amenaza con prolongar la crisis política y el sufrimiento del pueblo venezolano.
