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¡Hasta las pandillas quieren la paz!

El gobierno de Colombia busca atraer a las pandillas urbanas a las conversaciones de desarme mientras persigue la "paz total"

En las laderas que dominan el centro de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, las pandillas armadas reinan en vastas extensiones de vecindarios, supervisando el tráfico local de drogas. Y exigen extorsiones a las empresas y haciendo cumplir las reglas sobre quién entra y sale en su territorio.

Ahora, tales pandillas, que emplean hasta 14 mil personas, declaran que están listas para renunciar a todo. El 2 de junio, se cumplen nueve meses de reuniones secretas con funcionarios. 16 líderes de pandillas, hoy encarcelados en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Medellín, anunciaron que comenzarían oficialmente diálogos con el gobierno. Con el fin de discutir su desarme y reintegración a la sociedad.

«Queremos comenzar por un camino diferente: uno de paz, de perdón y de reconciliación«, indicó Sebastián Murillo, portavoz de las pandillas y líder encarcelado de La Oficina. Un reconocido grupo narcotraficante fundado originalmente como parte del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

Desde la década de 1980, Colombia mantiene conversaciones con los grupos rebeldes y paramilitares políticamente motivados. Estos alimentan un conflicto de casi seis décadas en el campo. Pero por primera vez, Colombia ahora está utilizando un enfoque similar para desmantelar las pandillas urbanas, buscando poner fin al gobierno criminal en las ciudades.

«Una forma en que Colombia aprendió a reducir la violencia es a través de procesos de paz», explicó Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. «Pero un proceso de paz no tiene que ser necesariamente político».

Las pandillas quieren paz.
Las pandillas en Medellín han formado alianzas y tratados a lo largo de las décadas para decidir quién controla qué territorio.

A raíz de un acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno, la violencia de pandillas se adueñó del país

Más de 50 grupos armados ahora compiten por lucrativas rutas de drogas y redes de minas ilegales abandonadas por las FARC. El presidente Gustavo Petro se comprometió a reducir el número de grupos a través del diálogo y la negociación, como parte de su estrategia «Paz Total».

El Ejército de Liberación Nacional o ELN, al ejemplo, y una docena de otros grupos controlan grandes franjas de las zonas rurales de Colombia en la actualidad. El viernes, el ELN firmó un cese al fuego temporal con el gobierno, un hito importante, mientras que los otros grupos armados también expresaron interés en el diálogo del gobierno.

Pero para frenar la proliferación de la violencia, Medellín es clave, señalan los expertos. Aproximadamente el 40 por ciento de los grupos armados de Colombia tienen presencia en la ciudad. «No tiene sentido pensar en una Paz Total si no se toma en cuenta también la dinámica de la violencia urbana en Colombia». Según afirmó Mariana Duque, investigadora de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Bolivariana de Bogotá.

Debido al conflicto armado y al desplazamiento masivo de más de ocho millones de personas en el país, alrededor del 80 por ciento, ahora viven en ciudades. Allí, el conflicto siguió prevaleciendo, con las pandillas reclutando jóvenes, extorsionando negocios y traficando drogas.

Bajo la violencia, pero subió el crimen

Para debilitar la influencia de las pandillas, los diálogos gubernamentales apuntan a reducir el número de personas que participan en sus actividades, señaló Valencia, el investigador de estudios políticos.

Si bien las tasas de violencia se desplomaron en Medellín, la ciudad que alguna vez fue conocida como la capital mundial del asesinato, los delitos no violentos como la extorsión en realidad aumentaron a medida que las pandillas se expandieron por toda la ciudad.

Alrededor del 90 por ciento de las pandillas de Medellín confirman su interés en los diálogos, según funcionarios del gobierno. Pero, quedan dudas sobre si realmente se desmovilizarán. A pesar de las promesas de instituir un alto el fuego y detener las ventas de fentanilo y heroína, los expertos temen que los grupos criminales tengan pocos incentivos para desarmarse.

Actualmente, el Congreso está resolviendo un conjunto de términos no negociables que los participantes de las organizaciones criminales deben aceptar, sin presentar sus propias demandas.

Hasta ahora, bajo el proyecto de ley propuesto, las pandillas y los cárteles que se desmovilicen. Divulguen información sobre redes criminales y brinden reparaciones a las víctimas recibirán penas de prisión reducidas. También pueden mantener hasta el 6 por ciento de sus activos ilegales, con un límite de aproximadamente 2.7 millones de dólares.

Fuente
ColumbiansMartiNoticiasInsightCrime

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