Esta es la Ley de Extinción de Dominio

Para los menos atentos, la ley de extinción de dominio es una figura jurídica que está seduciendo a toda Latinoamérica. Ya se estableció con más o menos atino en Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina y Bolivia. Ya se cuentan con ella dentro de alguna legislación y tiene años de aplicación constante. Costa Rica, Chile y Ecuador debaten proyectos para su implementación y en abril de este año Venezuela se sumó a la lista de países que utilizan esta herramienta.

Mientras que algunas regiones se apoyan en este mecanismo para luchar contra el narcotráfico, otras lo utilizan para combatir casos de corrupción. Un común denominador en toda la región latinoamericana. Se aplica, con el fin de ir en contra de los bienes de origen o destino ilícito y recuperarlos para el Estado. Actividades estas, que afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica.

En los últimos años existe un avance en la incorporación de medidas «anticorrupción» en muchos países de la región. Al ejemplo, en Brasil existen las leyes del “arrepentido de ficha limpia”. Una herramienta jurídica más amplia de decomiso de bienes. Que ya trazó una hoja de ruta. La extinción de dominio, en tanto, comparte con estas herramientas su gran aceptación popular. Mientras que, al unísono, provoca reparos y desconfianza para sus detractores y en muchos juristas.

En el caso de Colombia, que fue el primero en incursionar en esta figura en 1996. Se logró su aplicación, a raíz de la crisis de narcoterrorismo por la que atravesaba. Al ejemplo, a través de la ley, se extinguieron algunos de los bienes de Pablo Escobar. Aun así, la primera ley en Colombia fracasó y se modificó en 2002 a través de un decreto y aunque estuvo vigente hasta 2014. También fue blanco de manejos dudosos y tramas de corrupción.

La extinción de dominio no debe pasar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos

Por ello, en Colombia y en al menos dos países centroamericanos, se reformó bajo el modelo de reglamentación propuesto por Naciones Unidas. En esta oportunidad incorporó el código de extinción 1708, por fuera tanto del Código Civil como del Penal, pero con el mismo rango constitucional, para usarse como órgano de regulación.

Por ahora, la aplicación de la ley de Extinción de Dominio está causando gran revuelo en los países en los que recientemente se aplicó. Por tratarse de una herramienta para confiscar bienes que pertenecen a personas “sospechosas de haber cometido delitos graves. Señalados de corrupción o de lavado de dinero”. Por lo que algunos expertos del derecho la ven como una medida necesaria, que hay que proteger.

La ley está también estigmatizada de origen, porque, usada maliciosamente, puede afectar a muchos de los que poseen bienes y propiedades que podrían ser confiscados sin protección adecuada de la fiscalía. Por ejemplo, como retaliación política. Ahora bien, algunos críticos argumentan que la ley podría ser utilizada para disfrazar la confiscación de bienes a inocentes. Por lo que supone un fantasma, sobre la inversión.

La importancia de la autonomía de la ley es un factor clave para Gilmar Santander. La exfiscal colombiana que participó de la elaboración de la Ley Modelo afirma: “existe un error generalizado en la concepción de la ley, a la hora de asociarla a un proceso penal. Tal como en un momento inicial lo hizo mi propio país”, explicó. «Son dos cosas de naturaleza jurídica distinta. Su razón de ser es que se pueda tomar una decisión sobre los bienes ilícitos sin una sentencia», señaló. Para ello, existen los órganos de control, subordinados al poder judicial, pero que no inciden en la operatividad de su aplicación.

Con un fin especifico y dentro del imperio de la ley

La Ley Modelo recoge buenas prácticas a nivel internacional, con un enfoque diferente y propio en lo que a técnica legislativa se refiere, y retoma las experiencias domesticas para llegar al mejor modelo posible. A diferencia de otras leyes modelo, ésta dedicó numerosos artículos a aspectos procesales, incluyendo un procedimiento detallado. De hecho, se considera uno de los ejes principales en la medida en que representa un mapa de ruta para las autoridades legislativas y judiciales de los países.

Por lo que apoya las investigaciones contra tramas de corrupción, incluyendo las industrias y los circuitos judiciales. En toda la región latinoamericana, se a usado, para reivindicar bienes incautados en casos de narcotráfico, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y lavado de dinero. Y en la mayoría de los casos la ley estableció un instrumento legal que busca fortalecer la capacidad para combatir las actividades criminales.

Mediante la aplicación de una fórmula jurídica, se permite al Estado tomar posesión de activos relacionados con el hecho de corrupción, bienes ilícitos derivados del narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado. Y en un futuro corresponderá a las fiscalías de cada país, presentar las solicitudes que luego estarán sujetas a una decisión judicial dentro de un plazo establecidos. La incautación de activos puede tener lugar antes, durante y después de la conclusión de la causa penal correspondiente contra el sospechoso.

La ley continúa determinando el manejo de los bienes confiscados, que pueden ser utilizados para financiar programas sociales y servicios públicos o para pagar reparaciones a las víctimas. El texto original presentado a principios de abril fue objeto de debate y revisión por parte de expertos jurídicos.

La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio tiene implicaciones relevantes en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta al patrimonio. Por lo que es fundamental que se establezcan mecanismos de control que permitan una aplicación justa y equitativa de la ley para evitar abusos y preservar el estado de derecho en el país donde se aplica.