Colombia debe investigar los crímenes de una incursión del ejército
Las autoridades colombianas se enfrentan a crecientes llamados para investigar una fallida redada del ejército. En ella murieron al menos cuatro civiles, y se cometieron crímenes contra un niño de 16 años, una mujer embarazada y un líder indígena.
Los crímenes, sucedieron a primera hora del 28 de marzo en una aldea remota de la provincia sureña de Putumayo, devastada por el conflicto. Esta, tenía la intención de atacar a guerrilleros disidentes de las extintas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia.
El gobierno asegura, que los desmovilizados de las Farc, ahora están involucrados en el tráfico de cocaína. Y son señalados de crímenes contra los campesinos y el ejército.
La misión dejó 11 muertos, entre ellos civiles, en circunstancias que siguen envueltas en el misterio. Además de considerarse, crímenes de lesa humanidad. Testigos y periodistas locales afirman que los cuerpos de las víctimas y la escena de los asesinatos parecen manipulados, lo que aumenta la sospecha.
Colombia es un país que abraza los principios sustantivos de la paz a pesar de sus crímenes
El ejército de Colombia, que es acusado repetidamente de matar civiles, negó vehementemente cualquiera de los crímenes. La redada, se caracterizó, como una operación legal para eliminar a terroristas violentos.
Pero las organizaciones de derechos humanos cuestionan la versión oficial. «Tenemos pruebas sólidas que sugieren que al menos cuatro de las personas asesinadas eran civiles», afirmó Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, que está trabajando en el caso.
«La explicación del ministerio de defensa tiene serias inconsistencias y errores. Se necesita urgentemente una investigación exhaustiva, creíble e imparcial por parte de las autoridades de justicia civil».
El dolor se acumuló aún más en una nación traumatizada, cuando Eduardo Zapateiro, al mando del ejército de Colombia, comentó: «No es la primera operación en la que caen mujeres embarazadas o combatientes menores de edad». La condena de los comentarios insensibles fue rápida.
Un comentario ya acostumbrado, pero todo un despropósito
«La falta de humanidad de quienes nos gobiernan es una vergüenza colombiana», tuiteó Katherine Miranda, concejala de Bogotá. «Todas las muertes son iguales, solo algunas son más iguales que otras».
A muchos colombianos se les recordaron comentarios similares hechos por el ministro de defensa, Diego Molano, quien en marzo del año pasado describió a los niños soldados muertos en un ataque aéreo como «máquinas de guerra». Los pedidos de su renuncia volvieron a surgir en las redes sociales, mientras que los legisladores pidieron una moción para censurar al ministro.
El ejército de Colombia tiene una oscura historia de abusos contra los derechos humanos en su guerra contra las Farc, que se desmovilizaron formalmente en 2016. Esa guerra, que abarcó cinco décadas, dejó 260 mil crímenes y desplazó a 7 millones de personas.
Los paramilitares alineados con el estado y otros grupos guerrilleros de izquierda contribuyeron al derramamiento de sangre. En uno de los episodios más escalofriantes de la guerra, conocido como el escándalo de los «falsos positivos». En el que el ejército secuestró y asesinó al menos a 6 mil 402 civiles antes de vestirlos con uniformes rebeldes y declararlos muertos en combate.
