Odyssey Marine demanda a México por proteger su mar
La estadounidense Odyssey demandó a México por miles de millones de dólares por tratar de proteger su propio lecho marino
La compañía minera estadounidense reclama una indemnización de más de 3.500 millones de dólares al gobierno mexicano por impedirle realizar un proyecto de minería submarina que amenazaba el medio ambiente y la pesca local
Un conflicto legal y ambiental
El 9 de enero de 2024, la empresa Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, notificó al gobierno de México su intención de iniciar un arbitraje internacional al amparo del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente hasta el 1 de julio de 2020, para reclamar una indemnización de 3.540 millones de dólares por la supuesta violación de sus derechos de inversión. La demanda se basa en la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de rechazar, en octubre de 2018, la autorización de impacto ambiental al proyecto Don Diego, que consistía en extraer arena de fosfato del fondo marino frente a las costas de Baja California Sur, en el Golfo de Ulloa.
El proyecto Don Diego fue presentado en 2014 por la filial mexicana de Odyssey, Exploraciones Oceánicas, que había obtenido una concesión minera por 50 años en una zona de 350 kilómetros cuadrados, a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros de la línea de costa, y a una profundidad de entre 70 y 90 metros. El objetivo era dragar unos 91 millones de toneladas de arena de fosfato al año, un mineral utilizado para la producción de fertilizantes agrícolas, y exportarlas a Estados Unidos y otros países. Según la empresa, se trataba de uno de los depósitos de arena de fosfato más grandes del mundo, con un valor estimado de más de 5.000 millones de dólares.
Una resistencia social y ecológica
El proyecto Don Diego se encontró con la oposición de las comunidades locales, especialmente de los pescadores artesanales, que temían que el dragado afectara negativamente al ecosistema marino y a sus fuentes de ingresos. El Golfo de Ulloa es una zona de gran riqueza biológica, donde habitan especies como tortugas, delfines, ballenas, lobos marinos y aves, y donde se capturan productos como langostas, pulpos, abulones y peces. Los pescadores, agrupados en la cooperativa Puerto Chale, iniciaron una campaña de protesta y de concientización contra el proyecto, y lograron el apoyo de organizaciones ambientalistas, académicos, artistas y políticos.
La resistencia social y ecológica al proyecto Don Diego tuvo su fruto cuando la Semarnat, tras un proceso de evaluación y de consulta pública, negó la autorización de impacto ambiental al proyecto, argumentando que los beneficios económicos no compensaban los riesgos ambientales. La Semarnat consideró que el dragado podía provocar la pérdida de biodiversidad, la alteración de los hábitats, la contaminación del agua, la afectación de la pesca y el turismo, y el incumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de conservación marina. La decisión fue celebrada por los pescadores y los ambientalistas como una victoria histórica.
Un desafío para el futuro y la soberanía
La demanda de Odyssey Marine Exploration plantea un desafío para el futuro y la soberanía de México, que se enfrenta a la presión de las empresas transnacionales que buscan explotar sus recursos naturales sin respetar las leyes y las decisiones del país. Por un lado, está la posibilidad de que el arbitraje internacional favorezca a la empresa estadounidense, y que México tenga que pagar una indemnización millonaria, que afectaría a las finanzas públicas y al desarrollo nacional. Por otro lado, está la posibilidad de que el arbitraje internacional reconozca el derecho de México a proteger su medio ambiente y su economía, y que rechace la demanda de la empresa estadounidense, que se basa en un tratado comercial que ya no está vigente.
La demanda de Odyssey Marine Exploration también plantea un desafío para el futuro y la soberanía de los pueblos y las comunidades que defienden su territorio y su modo de vida frente a los proyectos extractivos que los amenazan. Por un lado, está la necesidad de fortalecer la organización y la movilización social y ecológica para resistir a las imposiciones y las agresiones de las empresas mineras y otras industrias que atentan contra el patrimonio natural y cultural. Por otro lado, está la urgencia de impulsar alternativas de desarrollo sostenible y de justicia ambiental que garanticen el bienestar y los derechos de las personas y de la naturaleza.
