En medio de la pandemia global, se proyectó liberar a los abusadores de los derechos humanos
La propuesta de liberación ha sido fuertemente criticada por grupos de derechos humanos chilenos, entre ellos la asociación para las familias de detenidos desaparecidos, los ex agentes militares chilenos condenados por graves violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Augusto Pinochet de 1973 a 1990, podrían excarcelar de prisión debido a un fallo destinado a detener la propagación del coronavirus entre la población carcelaria del país.
Un proyecto de ley urgente propuesto por el ministerio de justicia pudiese excarcelar a unos 1 mil 300 presos, clasificados como de «bajo riesgo», incluidos los ancianos, los presos y los enfermos terminales, de las cárceles superpobladas, lo que les permitiría cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario, siempre y cuando ya hayan cumplido al menos la mitad de sus condenas.
Algunos senadores del gobierno han argumentado que el fallo también debería aplicarse a los reclusos de Punta Peuco, una instalación que alberga a unos 70 reclusos condenados por violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de hierro de 17 años de Pinochet, Punta Peuco es conocida como una prisión de lujo, con espaciosas celdas privadas con baño privado y TV satelital, computadoras, canchas de tenis e incluso zonas de barbacoa.
Manuel Contreras, líder de la temida policía secreta Dina que funcionó desde 1973 a 1977, cumplía una condena de 500 años de prisión por su papel en el asesinato y «desaparición» de los opositores del gobierno de Pinochet, incluidos sacerdotes, periodistas y activistas políticos, cuando murió allí en 2015.
«Frente a una pandemia global que cuesta miles de vidas, nuestro gobierno está haciendo un intento poco ético y oportunista de excarcelar a los criminales de derechos humanos condenados y aunque nuestra organización está a favor de liberar a los presos que cumplen estas condiciones cumpliendo condenas por delitos menores, esta es una concesión impensable en este clima político», señaló Lorena Pizarro, portavoz de la asociación para las familias de detenidos desaparecidos
La emergencia podría excarcelar a varias decenas de violadores de los derechos humanos
Pinochet llegó al poder a través de un golpe de estado respaldado por Estados Unidos, derrocando en el proceso al popular líder de izquierda Salvador Allende, quien había nacionalizado varias industrias chilenas, incluyendo el sector del cobre del país, los archivos desclasificados del ministerio de asuntos exteriores británicos de la época revelan que estas medidas dieron lugar a que muchas personas «en las secciones más pobres y deprimidas» de Chile, «alcanzar un nuevo estatus y degustar una mejor nivel de vida».
Este estado de cosas, simplemente no haría nada por Washington, «no veo por qué tenemos que quedarnos de pie y ver a un país hacerse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo», comentó el entonces el entonces asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Henry Kissinger, mientras incubaba un plan de acción para instalar a Pinochet, lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973.
Ese mismo día, Allende fue asesinado en el Palacio Presidencial, justo cuando fue asaltado por las unidades militares de Pinochet, la historia oficial afirma que el líder se suicidó en medio de la confrontación, mientras aviones de combate de fabricación británica demostraron ser fundamentales en su captura, bombardeando el edificio.
