Gobierno convoca más de 48 mil militares para custodiar los comicios
Más de 48 mil militares peruanos serán desplegados para garantizar la protección de los lugares de votación durante las próximas elecciones generales programadas para el 28 de enero, afirma el ministro de defensa, Walter Martos Ruiz, una movida que debe garantizar la calma en una posible, aunque hipotética, movilización contra Vizcarra.
«Más de 48 mil soldados serán responsables de la protección de 4 mil 385 de 5 mil 178 lugares de votación», informó el ministro de defensa durante una reunión con miembros de la comisión electoral central, el ministro hizo hincapié en que el objetivo principal del ejército sería garantizar la transparencia en las próximas elecciones.
La economía impulsada por la minería en Perú ha ignorado en gran medida los crecientes episodios de agitación política en los últimos años, incluida la renuncia el año pasado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en un enfrentamiento con fuerza popular.
A principios de octubre, el presidente peruano Martin Vizcarra disolvió el congreso después de que los legisladores boicotearon su llamado a cambiar la forma en que los jueces son nombrados para el tribunal constitucional, la principal institución que regula las disputas entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Vizcarra interpretó la medida como una moción de desconfianza y disolvió la legislatura, que respondió declarándolo temporalmente incapaz de gobernar y nombró a la vicepresidenta Mercedes Araoz como jefe de estado en funciones, sin embargo, Araoz anunció su renuncia después de que el ejército y la policía peruanos prometieron su lealtad a Vizcarra.
El presidente Vizcarra, necesita mantener la calma en el Perú
Perú enfrenta la peor crisis política en dos décadas y las amenazas de disturbios en el 2do. productor mundial de cobre y una de las economías más sólidas de la región, y podría detener la legislación. «Pueblo peruano, hemos hecho todo lo posible», afirmó Vizcarra a la nación en un mensaje televisado, donde prometió convocar nuevas elecciones legislativas para permitir que los votantes intervengan en una disputa que, según él, ha obstaculizado su intento de erradicar el injerto en la clase dominante.
Los representantes de la oposición gritaron «dictador» después de que Vizcarra invocó un artículo constitucional que permitía a los presidentes disolver el congreso, e inmediatamente votaron para declararlo suspendido temporalmente, nombrando a la vicepresidenta Mercedes Araoz para reemplazarlo.
Vizcarra acusó a la fuerza popular, el partido de la mayoría de la oposición dirigida por el ex candidato presidencial encarcelado Keiko Fujimori, de tratar de utilizar las instituciones democráticas para su beneficio personal.
El partido se ha demorado en aprobar sus reformas anticorrupción y archivó el proyecto de ley para unas elecciones generales anticipadas para poner fin al estancamiento, la gota que colmó el vaso de Vizcarra, fue el nombramiento del congreso de un nuevo miembro del tribunal superior, el tribunal constitucional, que sería el probable árbitro en una disputa legal entre el congreso y el gobierno.
Los nominados propuestos para hasta seis de los siete miembros del tribunal habían sido objeto de críticas por vínculos con jueces sospechosos de delitos, «lo que sucedió en el congreso subraya la desvergüenza a la que ha caído la mayoría parlamentaria», agregó Vizcarra.
