Un informe sobre fantasmas en PDVSA
Ninguna investigación descubrirá la verdad a menos que sea paranormal
Legisladores venezolanos publicaron un informe que encontró que la corporación petrolera estatal de la nación, Petróleos de Venezuela, PDVSA, habría perdido 11 mil millones de dólares no contabilizados en la última década, de eso hace poco más de tres años y como se ha sabido, nada se ha recuperado y los culpables son fantasmas.
Los fondos faltantes parecen haber entrado en la corporación durante el mandato del ex titular de PDVSA, Rafael Ramírez, quien luego fue el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y que ahora se encuentra prófugo de la justicia nacional, supuestamente en el Vaticano o en algún lugar de los Estados Unidos.
La suma tan prodigiosa que faltaba en las arcas del gobierno venezolano, cuestiona las repetidas afirmaciones de los socialistas de que el gobierno de Venezuela no ha logrado detener una depresión económica que ha dejado a miles de personas en la nación hambrientas debido a la caída de los precios mundiales del petróleo.
El resultado de que el gobierno venezolano se haya quedado sin dinero, ha sido la crisis en la que la mayoría de los venezolanos deben racionar sus alimentos, esperar en líneas de supermercados con la esperanza de obtener algo de harina de maíz o arroz racionados, o intentar huir a Colombia para encontrar un mercado bien surtido.
Y quienes protestan por esta situación están sujetos a palizas, torturas y arrestos arbitrarios; hay que recordar que, durante el mandato de Ramírez, muchos medios internacionales señalaron que PDVSA representaba el 90% de los ingresos de la nación y que Venezuela era el hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo.
Para ese entonces, la asamblea nacional de Venezuela anunció que el informe expuesto por el diputado Freddy Guevara afirma que este dinero no se contabilizado y se distribuyó en un esquema de soborno similar al que se aplicó durante años Odebrecht, en la vecina Brasil.
La cantidad de dinero robado de PDVSA, reza el informe, es «más que el presupuesto de cinco países de América Central», afirmó Guevara y el dinero salió de la corporación entre 2004 y 2014, mientras Ramírez todavía lo manejaba y el fallecido presidente Hugo Chávez estaba en el poder.
El texto del informe afirma que «los representantes de PDVSA tenían CONOCIMIENTO COMPLETO de la existencia de irregularidades administrativas», el informe se publicó justo cuando PDVSA advirtió que es posible que no tenga suficiente dinero para cumplir con sus compromisos de deuda.
No hace falta un informe con más datos o más reciente para buscar culpables
Venezuela ha estado esquivando el default, y finalmente cayó en el cuándo los intereses de deuda y el vencimiento de bonos alcanzó finalmente a la sanción contra Citgo, lo que produjo que el país rico en petróleo no tuviera, no suficiente efectivo disponible para hacerlo, sino que tampoco tuvo los medios para hacer honor a sus deudores.
Ramírez, junto con otros de los ahora llamados boliburgueses, han dado al traste con el aparato productivo de Venezuela, aunque actualmente ya no son perseguidos por el gobierno y por nadie más internacionalmente, ya que las implicaciones de altos funcionarios que aún se encuentran en el poder, son de alto calibre y no sólo se refiere al gobierno bolivariano.
Ramírez desestimó el informe en su momento como «mentiras irresponsables», pero no encaró a la justicia venezolana y se desapareció del mapa político y de los medios a los que era asiduo, apareciendo esporádicamente para denigrar de la administración que lo ayudó a amasar su fortuna malavenida.
Pero las acusaciones en el informe, de mala conducta con respecto a los activos petroleros estatales no pueden desencadenar una revuelta aún mayor contra el gobierno socialista, pues las investigaciones se han decantado por señalar a los que se encontraban en cargos altos a medios y de los que ninguna prueba existe para comprobar tales dolos.
Hay casos como los de Eudomario Carruyo, ex director de la Electricidad de Caracas y ex vice de finanzas de PDVSA, al que tanto el gobierno norteamericano, como el venezolano, han tratado de vincular en este escándalo, una táctica realizada para desviar la mirada de los verdaderos culpables, que actualmente se encuentran bajo protección estadounidense o escondidos en paraísos fiscales.
El gobierno de Venezuela es mucho menos democrático o al menos mucho menos interesado en que la situación se aclare y ha perseguido a algunos pocos y ha alejado las cámaras de los verdaderos objetivos.
Tal postura deja la posibilidad de un juicio político en improbable, y cualquier intento de atacar a los boliburgueses es de inmediato apagado y censurado por medios oficiales, e incluso por grandes cadenas de medios en los Estados Unidos.
