México investiga espionaje a periodistas
Se han reportado algo menos de 90 hackeos de teléfonos hasta 2016
Durante 2015 y 2016 se reportaron unos 88 casos de intento de hackeo a través del software de infiltración Pegasus a teléfonos celulares y teléfonos inteligentes, perpetrados a dispositivos de periodistas y defensores de derechos humanos para espiar sus contactos y conversaciones, por este hecho un juez instó a la Procuraduría General de la República, PGR, de México a realizar una profunda investigación, ya que las pruebas presentadas por las víctimas del caso de espionaje están suficientemente sustentadas.
El juez ha declarado que la PGR, no ha dado las razones que la llevaron a la adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus y por ello la dirección de la investigación debe dirigirse hacia la adquisición y posterior uso ilegal del programa por parte de la Agencia de Investigación Criminal de PGR.
Igualmente, a solicitado al organismo a través de un comunicado admita las pruebas presentadas por los defensas de las víctimas, dando razón a la pretensión de estas sobre la relevancia que tendría para la indagación la inclusión de estas, en el supuesto de que la Procuraduría, tenga una cierta intensión de que el caso sea esclarecido, aunque ella misma se viese involucrada en el hecho de la investigación.
PGR ha tratado de obstruir la investigación
El juez ha manifestado en el comunicado, como insistentemente se han presentado, las pruebas del delito y una y otra vez la procuraduría a formalizado frente a tales solicitudes, “La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía”, ha dicho.
En una audiencia que se llevó a cabo el pasado lunes 21 de abril, el juez inquirió que los afectados tienen el derecho de ser partícipes de la indagatoria, y recalcó la obligación implícita que tiene la procuraduría de conducirse y generar los debidos mecanismos para acelerar con la debida diligencia en el caso.
Todo se remite a que, en junio del pasado año, algunos periodistas, defensores de los derechos humanos, algunos voceros de ONGs y activistas de los derechos del consumidor, habrían presentado pruebas de que estarían siendo espiados a través de sus teléfonos y otros dispositivos de comunicación con el Programa Pegasus, hecho que denunciaron y en ese entonces y hasta la fecha la PGR ha desestimado la validez y veracidad de las tentativas.
La implicación del gobierno mexicano en el hecho se develó cuando integrantes de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, que estarían encargados de indagar, sobre la desaparición de los 43 jóvenes de una escuela rural de Ayotzinapa en el país azteca, descubrieron que habrían sido objeto de vigilancia por parte del gobierno de los Pinos.
Este acontecimiento incidente fue expuesto por analistas forenses canadienses del Citizen Lab y fue publicado por el diario norteamericano New York Times a finales del año pasado, «Citizen Lab y nuestros socios están encontrando personas afectadas con el software espía NSO casi dondequiera que miremos en México», habría expresado, John Scott-Railton, investigador jefe de Citizen de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto en Canadá, al medio estadounidense.
Scott-Railton, aseveró que mensajes enviados a los teléfonos de los integrantes del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, contenían software maliciosos y que este malware se usaba para intervenir los artefactos con la finalidad de hacerse de la información y controlar las comunicaciones por medio de tecnología de espionaje avanzada, misma que fue comprada por el gobierno mexicano a un fabricante de equipos cibernéticos de origen israelí denominado Grupo NSO, este programa es el mismo que se utiliza para espiar a delincuentes y extremistas, ha explicado el jefe de los investigadores del Citizen Lab.
