Las esperanzas son altas, pues revocar la constitución de Pinochet, es el comienzo de una nueva era
El domingo pasado, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de establecer una nueva constitución. Después de un año de protestas sociales y violentas casi continuas, el país estalló al enterarse de la noticia con celebraciones callejeras que se vieron por última vez cuando la democracia puso fin a la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet.
La constitución actual de Chile fue escrita por el asesor e ideólogo de derecha de Pinochet, Jaime Guzmán, y fue aprobada en ese momento por un referéndum amañado. Cuando Chile se convirtió posteriormente en una democracia en 1990, los principios autoritarios consagrados en esta constitución limitaban el proceso de democratización del país e impusieron un modelo neoliberal de desarrollo económico.
La constitución había permitido a Pinochet designar senadores, estableció un sistema de votación que inicialmente sobre representó el derecho político y requirió super mayoría para reformar instituciones como las fuerzas armadas y el sistema educativo.
Si bien a lo largo de los años se realizaron numerosos cambios a una constitución que poco dejaba a la democracia, los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, no lograron que la constitución subyacente siguiese estando contaminada y fuese ilegítima a los ojos de muchos chilenos.
En un continente donde la democracia ha sufrido serios reveses, Chile tiene el potencial de establecer un nuevo precedente en la región
En los últimos 30 años, la constitución desempeñó un papel importante en la creación de élites políticas que se mantuvieron en el poder, e impidieron que las reformas políticas mantuvieran el ritmo del cambio social y las expectativas. Una clase media más educada vivió vidas muy precarias: el desempleo o la enfermedad llevaron a muchos al borde de la pobreza.
La confianza en las instituciones de la democracia se vio erosionada por los escándalos políticos e institucionales de corrupción. Múltiples desigualdades y la impotencia para enfrentarlas caracterizaron la vida de muchos.
Aunque las protestas estudiantiles generalizadas de 2011 generaron la voluntad política para promulgar reformas estructurales significativas durante el segundo mandato de Bachelet, éstas llegaron demasiado tarde para difundir las protestas provocadas por un aumento rutinario de las tarifas del metro en octubre de 2019.
La violencia que siguió hizo que las ciudades chilenas parecieran campos de batalla abandonados. El crecimiento económico y la inversión se desplomaron. La crisis conmocionó a las élites políticas y provocó los intentos del gobierno de centro-derecha de Sebastián Piñera de apaciguar a los manifestantes.
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