El gobierno de Maduro detiene a una abogada defensora de derechos humanos y expulsa a la oficina de la ONU que criticó tal arresto en medio del aumento de la represión del régimen como antesala a las elecciones.
El gobierno de Venezuela ha intensificado su represión contra la sociedad civil y la oposición política, de cara a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año. El caso más reciente y emblemático es el de la abogada Rocío San Miguel, una reconocida activista de derechos humanos, que fue detenida por las fuerzas de seguridad cuando se disponía a viajar a Estados Unidos con su hija. El gobierno la acusa de participar en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios, así como de estar involucrada en ataques contra unidades militares e instituciones del Estado. La detención de San Miguel fue criticada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue expulsada del país por el gobierno, en un acto que ha sido calificado como una grave violación del derecho internacional.
Una estrategia de intimidación y control
La detención de Rocío San Miguel no es un hecho aislado. Sino que forma parte de una estrategia del gobierno de Maduro para intimidar y controlar a la sociedad civil y a la oposición política. Que se ha incrementado en los últimos meses, ante el deterioro de la situación económica, social y humanitaria del país. Y la pérdida de apoyo popular del oficialismo. Según diversas organizaciones de derechos humanos, el gobierno ha detenido arbitrariamente. Además de ser torturado, desaparecido y asesinado a cientos de personas, por motivos políticos o por ejercer su derecho a la protesta. El gobierno también ha restringido la libertad de expresión y de asociación. Y ha clausurado o censurado medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, que denuncian las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen.
El objetivo del gobierno es eliminar cualquier disidencia o crítica, y asegurar su permanencia en el poder. Mediante el uso de la fuerza y la manipulación de las instituciones. El gobierno ha convocado a unas elecciones presidenciales para el 28 de noviembre de este año. Que han sido rechazadas por la mayoría de la oposición, que las considera fraudulentas e ilegítimas. Por no cumplir con las condiciones mínimas de transparencia, equidad y participación. Tambien ha descalificado y perseguido a los líderes opositores. Designando a dedo a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano encargado de organizar y supervisar los comicios. El gobierno también ha anunciado una reforma de la ley electoral, que busca favorecer al oficialismo y limitar las opciones de la oposición.
La respuesta nacional e internacional contra la represión
La represión del gobierno de Maduro ha generado una respuesta nacional e internacional. Estos buscan frenar los abusos y defender los derechos humanos y la democracia en Venezuela. A nivel nacional, diversos sectores de la sociedad civil y de la oposición política han manifestado su rechazo a la detención de Rocío San Miguel. Además de la expulsión de la oficina de la ONU, y han exigido su liberación inmediata y la de todos los presos políticos. También han expresado su solidaridad con las víctimas de la represión. Y han reclamado el restablecimiento del Estado de derecho y el respeto a la Constitución. Asimismo, han convocado a una movilización pacífica y masiva para el próximo 23 de febrero, bajo el lema «Venezuela exige elecciones libres y justas».
A nivel internacional, varios organismos, gobiernos y organizaciones han condenado la represión del gobierno de Maduro. Y han pedido la liberación de Rocío San Miguel y el retorno de la oficina de la ONU. Entre ellos se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El ex Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros. Estos actores también han reiterado su apoyo a una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis venezolana. Y han instado al gobierno a garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, con observación internacional y participación de todos los actores políticos.
