AMLO les da voz a los pueblos indígenas

Fundamentado en una política de inclusión, para todos y a todos los niveles el futuro gobierno de centroizquierda de Andrés López Obrador pretende establecer un nuevo vínculo con el sector más postergado de la sociedad mexicana, las comunidades indígenas, para dar forma y cuerpo a este plan ha propuesto a Adelfo Regino Montes, como coordinador de asuntos indígenas para la próxima administración, éste, anunció el desarrollo integral de las comunidades y adelantó que se revisarán las concesiones otorgadas a las minas, presas y parques eólicos.

Regino Montes, destacó que, como parte de la maniobra a aplicar, se determinó la desaparición de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas y se dará paso al instituto nacional de los pueblos indígenas, que trabajará junto con los pueblos originarios desde sus territorios y para ellos mismo.

El propuesto coordinador de asuntos indígenas para el futuro gobierno, también asumirá el 1 de diciembre próximo y está muy esperanzado, ya que los anuncios que contempla la estrategia se basan en «el desarrollo integral de las comunidades» aborígenes, Regino Montes fue activista y secretario de asuntos indígenas del estado sureño de Oaxaca, uno de los que posee mayor población indígena y que aún conserva sus costumbres originarias.

Como activista Regino Montes, renunció al cargo a la secretaría de asuntos indígenas en 2016, como protesta por un desalojo violento contra maestros ordenado por el entonces gobernador Gabino Cué, uno de los puntos de honor de la campaña de AMLO, es el de suprimir la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, que será reemplazada por un ente más activo, denominado instituto nacional de los pueblos indígenas, para trabajar junto a los pueblos originarios desde «las regiones y no desde las oficinas públicas».

Según Regino Montes, “Ahora los pueblos tendrán voz y voto sobre su futuro”

Regino Montes ha afirmado que una de «las prioridades del próximo gobierno serán los olvidados, los excluidos, particularmente los pueblos indígenas, a los que se les dirigirá todas las políticas públicas bajo la premisa de que serán sujetos de derechos, no como objetos, como en los últimos sexenios con acciones asistencialistas», aseveró el activista y añadió, «en este nuevo gobierno los pueblos indígenas decidirán sus propias prioridades para el desarrollo, sus demandas y sus legítimas aspiraciones de vida», indicó.

AMLO, ha ponderado la aptitud de la guerrilla zapatista del EZLN, y ha entendido que no tienen por qué estar en buenas relaciones con el gobierno central, pero ha priorizado sobre el futuro de la política en este sentido y ha manifestado completar las reformas a los derechos y cultura indígenas, surgidas de los primeros acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo beligerante en 1995, un año después de la insurrección armada en el estado sureño de Chiapas y hacerlas cumplir a cabalidad.

Nos hemos propuesto, que los «acuerdos de San Andrés Larráinzar» serán además armonizados en la ley con la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, para que los pueblos indígenas y originarios, puedan cohabitar en el país, siguiendo sus propios preceptos culturales y con la relación que han mantenido con la naturaleza y con su religiosidad e idioma ancestral.

Regino Montes, mencionó que se presentarán para incluir los acuerdos pendientes de San Andrés Larráinzar y para armonizar la ley a la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas. Montes también comentó que se revisarán todas las concesiones y permisos a hidroeléctricas, minas y corredores eólicos para que se respete el derecho de los pueblos originarios. “Los pueblos ya no quieren que se contaminen sus territorios y exploten sus ecosistemas sin un uso racional y sustentable”, obras que, recibieron una tenaz oposición de grupos indígenas en las que figuran el embalse La Parota, en el estado sureño de Guerrero, donde desde hace 15 años comunidades étnicas luchan para frenarla y por lo que han sido sometidos fuertemente.

Unidas en el consejo de ejidos y comunidades, las poblaciones indígenas y organizaciones de defensa, buscan detener la gigantesca represa que construye la gubernamental comisión federal de electricidad en el río Papagayo, argumentando que viola sus derechos «a la alimentación, vivienda, salud, educación, derecho al agua, a la tierra, al territorio y al desarrollo».

El caso del río Papagayo, fue defendido ante todas las instancias federales y estatales y por ONG humanitarias como Amnistía internacional y llevado ante la CIDH, ante el parlamento europeo, el tribunal latinoamericano del agua y el tribunal permanente de los pueblos. Esas entidades han formulado resoluciones y recomendaciones al Estado mexicano a favor del movimiento de resistencia, actualmente en México se calcula que hay unos 15,7 millones de indígenas de una población total de más de 122 millones de habitantes, pertenecientes a 68 etnias, según cifras oficiales.