Se volvieron ilegales de la noche a la mañana, la prohibición de pesca de tiburones en Colombia convierte a la gente en delincuentes
Muchos en los pueblitos pesqueros en la costa colombiana, cargan cajas de tiburón y raya ahumados en canoas de madera y la arrastran hasta el río. Antes de que salga el sol, reman en la oscuridad hasta el mercado de Guapi, un pequeño pueblo de pescadores en la costa pacífica de Colombia, para vender sus productos.
Dejan sus canoas bajo las vigas del gran muelle de carga del muelle, mientras que otros vendedores descargan plátanos. Alrededor de las 5 de la mañana, venden su tiburón ahumado en casa.
El amanecer trae una ráfaga de actividad, y el mercado cobra vida. Un enjambre de sombreros de paja y compradores ancianos se mueven alrededor los sencillos puestos. Allí es donde se vende el tiburón hasta aproximadamente el mediodía para proporcionar un escaso sustento a sus hijos.
Pero, vender tiburón, ahora los convierte en criminales. En noviembre de 2020, el gobierno del ex presidente Iván Duque emitió un decreto que prohíbe la pesca de tiburones y su comercialización.
Los pescadores artesanales de tiburón pasan unos días en el mar ejerciendo su oficio antes de regresar con sus capturas
La medida en principio tenía la esperanza de abordar las exportaciones de aletas de tiburón y proteger la vida marina. No obstante, muchos dependen únicamente de las ventas en el mercado para sus ingresos. Los pescadores, en gran medida son analfabetas, lo que limita drásticamente sus pocas oportunidades en el pequeño pueblo del Cauca, uno de los departamentos más pobres de Colombia.
«¿Qué más puedo hacer?» afirma la pescadora Paola Arbolera. «Nuestro destino es seguir trabajando con el tiburón. Si no podemos hacer esto, ¿cómo alimentaremos a nuestros hijos?»
Tanto la pesca industrial como la de tiburones en pequeña escala están prohibidas en Colombia desde 2017. Pero, el nuevo decreto introdujo una prohibición general que también criminaliza la pesca artesanal, de la que dependen personas locales como Arbolera.
«La decisión marca un hito en la política pública ambiental», expresa Estefanía Rodríguez, asesora de incidencia política de MarViva, un grupo de conservación marina. «La prohibición contribuye positivamente a la salud de los ecosistemas marinos, la sostenibilidad de las poblaciones de tiburones y el sustento de las comunidades costeras».
Aunque el decreto fue celebrado por los ambientalistas, pone en peligro los medios de vida de muchas comunidades pesqueras. A medida que los gobiernos de todo el mundo se han apresurado a demostrar sus credenciales ambientales, la de Duque no fue la excepción.
Su decreto representa un choque entre la preservación de los ecosistemas marinos de Colombia y la defensa de sus comunidades marginadas y sus tradiciones.
¿Cómo vivir, si se te quita de plano el sustento?
El decreto, introducido en marzo de 2021, logró poner en peligro la cadena de suministro más amplia y los medios de vida de quienes dependen de ella. Desde pescadores y vendedores artesanales hasta cocineros y familias cuya nutrición gira en torno a los tiburones.
Los críticos del ex presidente afirman que el decreto fue una forma de asegurar una victoria ambiental fácil. Para mejorar su imagen profundamente impopular en el país. Explican que agregó una capa innecesaria de dificultad a una forma de vida ya desafiante entre las comunidades costeras.
«Hicieron sufrir a algunas de las comunidades más pobres de Colombia. Se volvieron ilegales de un día para otro por capricho del gobierno», indica Diego Andrés Triana, abogado y asesor de la Asociación de Pescadores de Colombia.
«Las comunidades que viven a lo largo del Pacífico son las más pobres entre los pobres. Son los Don nadie del sector pesquero», señala Triana. Para pueblos como Guapi, la pesca artesanal de tiburones es una práctica tradicional de larga data.
«No tener tollo en Guapi es como no tener agua en un desierto. Es importante porque es algo cultural», expresa Willingtong Obregón, quien pescó durante décadas.
