La recientemente juramentada nueva presidente del Perú, Duna Boluarte enfrenta investigación por genocidio durante las protestas
El principal fiscal de Perú inició una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y ministros clave por genocidio durante semanas de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos.
El lunes, 17 personas murieron en enfrentamientos entre partidarios de Castillo y fuerzas de seguridad en el sureste de Perú. Los funcionarios están siendo investigados por cargos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
La violencia estalló después de que el expresidente Pedro Castillo fuera arrestado en diciembre por intentar disolver el Congreso.
Decenas más resultaron heridas en la ciudad de Juliaca en lo que fue el peor día de violencia hasta el momento. Muchas de las víctimas del genocidio, tenían heridas de bala.
Boluarte ordenó a las fuerzas de seguridad detener a los manifestantes
Las autoridades acusaron a los manifestantes de intentar invadir el aeropuerto de Juliaca y una estación de policía local. Un toque de queda nocturno está ahora en vigor en la región.
La oficina del fiscal general anunció su decisión de investigar a Boluarte, así como al primer ministro Alberto Otárola junto con los ministros de Defensa e Interior.
La presidenta y sus ministros no comentaron públicamente sobre el tema.
Los partidarios de Castillo, muchos de los cuales son indígenas peruanos pobres, expresan que el presidente Boluarte debe renunciar. Además de celebrar elecciones anticipadas y liberar al expresidente.
Además de los cargos de genocidio, existe la pretensión de uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes
Castillo, tuiteó desde su celda en la prisión, que aquellos que defienden a Perú de lo que él llamó la dictadura golpista nunca serán olvidados.
En un desarrollo separado, el gobierno de Otárola ganó cómodamente un voto de confianza en el Congreso.
La nación sudamericana pasó por años de agitación política, con la última crisis llegando a un punto crítico. Cuando Castillo anunció que disolvería el Congreso e introduciría un estado de emergencia en diciembre.
Pero el Congreso procedió a votar abrumadoramente para destituirlo. El expresidente está siendo investigado por cargos de rebelión y conspiración.
Él niega todas las acusaciones, insistiendo en que sigue siendo el presidente legítimo del país.
