México aumenta el número de efectivos en frontera y EE.UU. acelera las deportaciones
Impedir que los migrantes entren a norteamérica, es por lo que la administración de Trump se ha apoyado tanto en México, cerrando el paso a los migrantes centroamericanos se dirigen a los Estados Unidos y el país azteca espera haber cumplido con las condiciones del plazo del 22 de julio para un acuerdo que eliminará la amenaza de aranceles a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos.
Pero los críticos han advertido que esta represión podría llevar a abusos contra los derechos humanos, México eleva el número de oficiales de inmigración y despliega miles de tropas de la guardia nacional tras el ultimátum de Trump, pero el tiempo de espera a terminado y aún no se sabe de la evaluación norteamericana.
Mientras el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, anunció el lunes que ampliará la autoridad de los oficiales de inmigración para deportar a los migrantes sin permitirles comparecer ante los jueces, su segundo cambio de política importante sobre la inmigración en ocho días.
A partir del martes, las deportaciones por “vía rápida” pueden aplicarse ilegalmente a cualquier persona en los Estados Unidos por menos de dos años, anteriormente, esas deportaciones se limitaban en gran medida a las personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
Kevin McAleenan, el secretario interino de seguridad nacional, describió la extensión a nivel nacional de la autoridad de «remoción acelerada» como otro esfuerzo de la administración de Trump para enfrentar una «crisis en curso en la frontera sur» al liberar camas en los centros de detención y reducir un atraso de más de 900 mil casos en tribunales de inmigración.
La American Civil Liberties Union y el American Immigration Council expresaron que demandarían para bloquear la política, «bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso menor debido que el que recibe la gente en el tribunal de tránsito», comentó Omar Jawdat, director del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU.
Las deportaciones de vía rápida son un atentado a los derechos de los migrantes
La deportación acelerada, les otorga a las agencias de cumplimiento la mayor autoridad para deportar a las personas sin permitirles comparecer ante un juez de inmigración con excepciones limitadas, incluso si expresan temor de regresar a sus hogares y pasan una entrevista inicial de selección para el asilo.
Los grupos de derechos humanos temen que hasta 300 mil personas puedan ser atacadas por el plan de deportación inmediata, pues las ONGs están preocupados de que las personas que tienen residencia permanente o que son ciudadanos norteamericanos puedan ser expulsados sin recurso legal, algo que sería una violación de sus derechos.
El anuncio es el segundo cambio de política importante en ocho días después de un aumento sin precedentes de familias del triángulo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador en Centroamérica, la semana pasada, el gobierno anunció que le negaría asilo a cualquiera que pase por otros países en ruta a los Estados Unidos sin buscar protección en al menos uno de esos países.
Se presentaron dos demandas impugnando la mudanza y un juez en Washington, DC, escuchó los argumentos el lunes sobre si bloquear la política, el juez Timothy Kelly explicó que «se esforzará por resolver esto tan pronto como pueda» y un juez en San Francisco fijó una audiencia para el miércoles en una demanda similar.
También el lunes, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del noveno circuito confirmó una decisión de un juez federal en Seattle que bloqueó una política para detener indefinidamente a solicitantes de asilo sin la posibilidad de ser liberado bajo fianza, pero la política para negar las audiencias de fianza se había establecido para entrar en vigor el 15 de julio.
