Trump y Maduro se pelean el control de la reserva petrolera
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que la cartera de propuestas de inversión de la corporación nacional de petróleo y gas PDVSA, “supera los 25 mil millones de dólares, en producción y refinación de petróleo, petroquímicos y mucho más», en una reunión con representantes del consejo de empleados de PDVSA y señaló que las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera de Venezuela tenían como objetivo destruir la compañía, que está profundamente integrada en la economía global.
PDVSA, ha sido desde el 2002, manejada con supervisión del estado venezolanos, pues antes de el paro petrolero ocurrido ese mismo año, se afirmaba que la empresa estatal, era una caja negra para la administración de hacienda. Poco después del cambio de estructura, los problemas comenzaron.
El presidente Maduro esta semana, firmó un decreto que declara la intención del gobierno de llevar a cabo reformas a gran escala en PDVSA y la industria petrolera nacional para protegerlo contra las sanciones de Estados Unidos, al tiempo que anuncia la creación de una nueva comisión presidencial para supervisar su implementación.
La historia reciente de PDVSA, está plagada de corrupción y desfalcos, una información que es pública y notoria, pero a pesar de que estos crímenes se conocen y que, los delincuentes que actuaron en ellos, son conocidos, muy, pero muy pocos, han sido procesados por los tribunales nacionales y en cambio, se afirma que, o son prófugos de la justicia o están desaparecidos.
Tales son los casos de Rafael Ramírez, Raúl Morodo, Tamara Adrián, Alejandro Betancourt López o Raúl Gorrín, que son libres de viajar por el mundo, incluso de ir y venir de Venezuela a los Estados Unidos y conociéndose, sus transgresiones y hasta las cantidades exactas de los dineros sustraídos de PDVSA, sólo son señalados de vez en cuando, como para mantener las apariencias de que la justicia funciona aquí y allá.
El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela y sus funcionarios en los últimos años en intentos hasta ahora infructuosos para obligar a su presidente, debidamente elegido, Nicolás Maduro, a renunciar. Washington ha limitado la capacidad de Caracas para vender crudo, uno de sus bienes de exportación más cruciales, ya que el país está luchando por superar una crisis económica y una inflación desenfrenada.
PDVSA pasó a ser la caja chica del chavismo y de Trump
El gobierno de los Estados Unidos también ha supuestamente congelado los activos de la compañía petrolera estatal con sede en los Estados Unidos, de a poco, mientras se las quita a la comercialización de Chevrón del petróleo venezolanos, impone sanciones a una subsidiaria de la empresa rusa Rosneft por mantener lazos con el gobierno de Maduro y PDVSA y administra el dinero producido por Citgo, para pagar los ataque contra el gobierno venezolano y pagar las nóminas de la oposición, una muestra de que el mundo es más extraño de lo que se cree.
Según los informes, la administración Trump ha renovado su campaña para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro, informó la agencia de noticias de la Casa Blanca, para supuestamente expulsar al protegido del difunto presidente Hugo Chávez a través de un sistema de reparto de poder, lo que significa que tratarán de persuadir a los miembros de la administración de Maduro para que compartan temporalmente el poder con la oposición liderada por Juan Guaidó.
Washington maneja su doble moral, con hilo grueso y ha encarcelado y extraditado a supuestos malversadores de PDVSA o Citgo, para que poco después, anden libre y sean protegidos de ese mismo gobierno. Mientras señalan y acusan a muchos otros de ser delincuentes o estafadores, tan sólo para evadir las miradas de reproche.
Entre estos últimos, se ha conocido el caso muy comentado de Eudomario Carruyo, que ha sido señalado por el gobierno norteamericano, y el venezolano y que a pesar de haber sido juzgado y declarado inocente y libre de culpas en ambos casos, sigue siendo señalado por ambas administraciones, cada vez que necesitan un chivo expiatorio.
El gobierno venezolano y los representantes de Juan Guaidó aún no han comentado sobre el posible acuerdo de reparto de poder y el año pasado la Casa Blanca había llegado a un acuerdo con algunos miembros de la administración de Maduro, pero la Casa Blanca indicó entonces que los funcionarios renegaron del acuerdo.
Lo que en realidad termina sucediendo, es que no se debe creer en la lluvia, hasta que se vea llover y no se debe afirmar el color del cielo, hasta que se esté a la intemperie. Las culpas sobre lo sucedido en PDVSA, es del gobierno por acción y omisión, pero más por inmoralidad, que por la incapacidad de poder mantener una mentira. El fin es que tanto la administración norteamericana, como la venezolana, están inmiscuidos en el problema y son beneficiarios de este, por lo que todos son culpables de este desastre económico y sus consecuencias.
