Los padres y familiares claman justicia por los menores encarcelados
Más de 180 niños fueron detenidos en Chile preventivamente y algunos han pasado hasta cuatro meses, por su participación en la ola de disturbios sociales que han sacudido al país desde octubre, decenas de miles de personas han sido detenidas desde que las protestas por el aumento de las tarifas del metro se convirtieron en manifestaciones a nivel nacional contra la desigualdad.
Los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Chile han dejado 445 personas con lesiones oculares de escopetas a manos de la policía y al menos 34 han perdido permanentemente la vista, mientras más de 30 personas han muerto, según cifras oficiales.
El número de detenidos, según el defensor del pueblo penal chileno, muestran que 4 mil 80 menores fueron detenidos entre octubre y diciembre, 186 de los cuales fueron puestos en prisión preventiva, entre ellos Damián Toro, de 17 años, que fue arrestado el 21 de octubre por lanzar un cóctel molotov a los agentes de policía.
Los fiscales de Chile se han negado a ponerle en libertad antes de su juicio en abril, con el argumento de que es una amenaza para la sociedad, pero su madre, Cristina Navarrete, insiste en que sus acciones no causaron lesiones ni daños.
Navarrete, una ex trabajadora de fábrica que vive en el suburbio Quilicura de Santiago, comentó que su hijo, que esperaba ir a la universidad, pero no podía pagar los honorarios, actuó por ira ante la brecha de desigualdad de Chile, “Hay tanta injusticia en nuestro país y él es parte de la generación que quiere un cambio», afirmó Navarrete.
Los centros de detención juvenil y albergues de Chile están dirigidos por el servicio nacional de la Juventud, Sename, que ha sido criticado por Human Rights Watch y la ONU por las condiciones con las que tratan a los menores, que en muchos casos han dejado a los niños muertos, abusados y violados.
Chile aplica medidas cautelares extremas con el objetivo de dar una señal a quienes se manifiestan
Un informe de la policía nacional de investigación de Chile determinó que se han registrado abusos sexuales contra menores detenidos en el 50% de los centros de Sename, mientras que el 88% de los detenidos en los albergues, denuncian abuso físico o sexual y maltrato.
En enero, el senado aprobó una propuesta para cerrar el Sename y reformar el sistema de atención y detención de menores, pero los cambios podrían tardar años en completarse, mientras Alexis Aguirre, abogado del instituto nacional de derechos humanos, INDH, ha estado investigado casos de menores abusados mientras estaban recluidos en estas instituciones, después de participar en las protestas.
«Cuando un niño es sometido a tratos crueles e inhumanos, generas un daño psicológico irreparable», acotó, «El Estado debe adoptar todas las medidas para promover la recuperación física y psicológica y ayudar a la reintegración social de todos los niños vulnerables», indicó.
Una fuente interna del Sename reveló que no se había producido ningún abuso de menores detenidos desde octubre en sus centros de detención, «las violaciones de los derechos humanos han sido perpetradas por otros agentes del estado, como las fuerzas policiales de Chile».
La fuente indicó que el Sename ha trabajado con organizaciones como el INDH y Unicef para asegurar el bienestar de los menores detenidos, Sofía Arévalo, de 17 años, fue arrestada el 5 de noviembre por un incidente que involucró una bolsa de basura que se quemó y que fue arrojada junto a un edificio municipal en la ciudad suburbana de Buin.
No se causó ningún daño a la propiedad, pero los fiscales alegan que Sofía ordenó a otros que encendieran la bolsa en llamas, y la han acusado de ser una «autora intelectual» de un ataque incendiario potencialmente fatal.
«Ella está asustada, todos estamos asustados ya que no sabemos cómo podría terminar esto», señaló Hernández, agregando que Sofía no es la misma persona que ella antes de su detención, «La cambiaron».
