El programa Pegasus se usó para atacar a activistas y periodistas también en México
El caso Pegasus de México, se cobró un arrestó el 1 de noviembre del pasado año. A Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, se le señaló de “probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista.
Pegasus es un malware con el que se infecta los teléfonos inteligentes. Que permite al infractor, a acceder a mensajes, correos, fotografías, videos, historial de llamadas e incluso activa de manera secreta el micrófono y la cámara del dispositivo.
México fue el país con más objetivos potenciales, unas 15 mil personas se encontraron bajo el programa de espionaje. Y a pesar que los contratos datan de gobierno de Felipe Calderón, se intensificaron con Peña Nieto, y AMLO mantuvo Pegasus en el país.
Recientemente se supo, que docenas de periodistas y activistas de El Salvador, se les piratearon sus teléfonos con el software Pegasus. Además, que otros gobiernos de la región, lo utilizan ya para monitorear a críticos y disidentes.
Investigadores señalan que la mayoría de los atacados con Pegasus, trabajan en medios de noticias de oposición. Pero, también, en aquellos que entre otros señalamientos, hablan sobre las supuestas conversaciones entre el gobierno y las pandillas.
El escándalo de Pegasus es el Watergate latinoamericano
Al menos en El Salvador, no se pudo probar, quién estaba detrás del hackeo. A pesar que toda la evidencia, apuntaba a la participación del gobierno.
NSO Group de México, siempre defendió que, solo comercializa su software espía con los gobiernos. En forma de herramienta de apoyo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La investigación sobre el hackeo en México y El Salvador la lleva a cabo el Citizen Lab. Una institución de la Universidad de Toronto y el grupo de derechos digitales Access Now.
Estos afirman que, encontraron evidencia de incursiones en 37 dispositivos en El Salvador. Todos pertenecientes a 35 individuos entre julio de 2020 y noviembre de 2021.
Los hackeados trabajan en tres grupos de derechos humanos y seis publicaciones de noticias, y uno es periodista independiente. El laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional confirmó de forma independiente las conclusiones.
La investigación de la UIF en México, consideró que, en el caso mexicano, la adquisición de Pegasus constituyó un proceso de desvío de fondos públicos. A través del cual se engordaron facturas de las compañías implicadas.
Los presuntos hackeos en Centroamérica, coincidieron con los informes sobre escándalos que involucran a la administración del presidente Nayib Bukele. Incluidas las acusaciones de que el gobierno negoció en secreto con los líderes de las pandillas en prisión para reducir los niveles de delincuencia.
El documento, que firmó Tomás Zerón en México, hoy prófugo de la justicia en Israel, está ligado a su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que vio la luz años después, en 2017, cuando empezó la investigación sobre el software.
