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Una sentencia de muerte en Nicaragua

Activistas encarcelados enfrentan al Coronavirus como arma política

Cuando el estudiante universitario y activista John Cerna Zúñiga fue arrestado el 28 de febrero y condenado a 12 años de cárcel por cargos de narcotráfico, mientras el brote comenzaba a ser noticia. Cinco meses más tarde, el estudiante languidece en una celda en La Modelo, aterrorizado por el virus que ha dado muerte a más de 200 mil personas solo en América Latina y 690 mil en todo el mundo.

Su historia ilustra un trágico patrón de encarcelamiento de personas con mentalidad opositora en Nicaragua que las organizaciones de derechos humanos han estado documentando desde las protestas masivas de 2018 que dejaron un centenar de muerte. Se supone que hay más de 90 activistas encarcelados por cargos falsos.

La administración de Daniel Ortega ha sido acusada de utilizar el poder judicial para castigar a quienes se han atrevido a criticar sus políticas y prácticas. En 2018, cuando miles de personas de todo el país tomaron las calles para exigir un cambio en la legislación, se registró la muerte de 300 personas.

Estos asesinatos, fueron supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad y otros grupos armados. Miles resultaron heridos, decenas de personas detenidas en las revueltas y decenas de miles forzadas al exilio. Fue el comienzo de una ola de protestas que sólo dejó muerte y desolación.

Sentencia de Muerte.
El gobierno de Nicaragua parece estar utilizando la pandemia como arma contra los disidentes, declarándoles una sentencia de muerte no oficial.

La muerte por Covid-19 ha agravado la crisis política en Nicaragua y ahora amenaza la vida de decenas de activistas

Desde ese momento, y a pesar de que el gobierno trató de acordar un cese de hostilidades, estas nunca se detuvieron y las autoridades nicaragüenses han atacado implacablemente a cualquiera que se atreva a participar en cualquier forma de protesta. Activistas, e incluso los médicos que tratan de luchar contra la pandemia, han sido castigados con acoso e incluso despidos.

Líderes estudiantiles como Cerna están entre las víctimas de la «temporada abierta» contra aquellos que se niegan a caer en la fila. Elton Ortega Zuniga, un abogado que representa a algunos de los estudiantes y activistas, comentó que el gobierno solía acusar a los activistas de delitos complejos, incluyendo terrorismo y crimen organizado, pero ahora se centran en crímenes comunes, como la posesión de drogas, como parte de una estrategia para desacreditarlos.

El desmoronamiento del sistema penitenciario de Nicaragua, que está superpoblado y carece de agua potable, alimentos y atención médica adecuada, parece ser visto como una sentencia de muerte para quienes entran en él.

Desde finales de marzo, la pandemia ha convertido una situación desesperada en una situación potencialmente catastrófica. Las pautas básicas de seguridad y el distanciamiento físico son imposibles de seguir en las celdas abarrotadas, donde el agua apenas es suficiente para beber, y mucho menos para limpiar.

Fuente
DWForbesLaPrensaConfidencial

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