Los manifestantes atienten el pedido de los enviados de la ONU
Los enviados de las naciones unidas han pedido al presidente nicaragüense Daniel Ortega que detenga la represión persistente, cuando terminó el enfrentamiento entre manifestantes de la oposición que organizaron una huelga de hambre dentro de una catedral en la capital de Nicaragua Managua y partidarios del gobierno.
Los activistas, exigían la liberación de prisioneros políticos, pudieron abandonar el edificio el en Managua, donde se habían refugiado después de que el gobierno desalojó a sus partidarios de los alrededores, gracias a la mediación de la ONU.
Su salida se produjo después de que un grupo de partidarios de Ortega irrumpió en la catedral el lunes e intentó expulsar a los manifestantes, en medio de la trifulca causada, hirieron a un sacerdote y a una monja.
«La pasamos mal, mal, mal», expresó una de las manifestantes, Janeth Chavarria, a los periodistas después de que ella y los otros ocho huelguistas fueran evacuados por funcionarios de la cruz roja de Managua.
La huelga de hambre en la catedral de Managua comenzó el lunes, cuatro días después de que otro grupo de 11 mujeres iniciará una protesta similar en una iglesia en la ciudad norteña de Masaya.
Ambas huelgas de hambre fueron parte de una campaña intensificada para la liberación de 139 manifestantes de la oposición arrestados durante las protestas mortales antigubernamentales que sacudieron a Nicaragua en abril del año pasado.
El gobierno de Managua ha enfrentado de mala manera, las manifestaciones en su contra
En Mayasa, la Iglesia de San Miguel permanece asediada por la policía impidiendo el acceso a los 11 huelguistas en el interior, dejándolos sin agua ni electricidad, según han anunciado voceros de la oposición al presidente Ortega.
Los grupos de oposición indicaron que al menos 16 iglesias habían sido «asediadas por la policía y las fuerzas gubernamentales» en los últimos días para evitar que fueran utilizadas como lugares de protesta, incluso el martes, la oficina de derechos humanos de la ONU expresó su alarma por las duras tácticas utilizadas por el gobierno contra los manifestantes.
«El gobierno debe poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón continuo de arrestos arbitrarios», señaló el portavoz Rupert Colville a periodistas, también pidió al gobierno que «se abstenga de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y cualquier otra voz disidente».
La Iglesia católica tiene un papel poderoso en el país, pero Ortega ha acusado a los obispos de ser «golpistas» por apoyar a los manifestantes, la vicepresidenta Rosario Murillo afirmó en un comunicado el martes que Nicaragua «no vive en tiempos de capitalismo feroz, sino en tiempos de equidad… Todos tenemos derechos y somos todo el pueblo de Dios … y todos merecemos respeto… de aquellos que dicen tener autoridad religiosa», agregó Murillo de Ortega.
Los disturbios en Managua comenzaron en abril de 2018 debido a una propuesta de reforma de la seguridad social descartada, pero la respuesta del gobierno, que según un informe de la ONU en agosto del año pasado incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, provocó un mayor descontento y las protestas se convirtieron en un movimiento más amplio contra el gobierno de Ortega.
La represión estatal ha sido culpada de al menos 325 muertes en los disturbios del año pasado, con un estimado de 70 mil personas obligadas a huir del país, según la comisión interamericana de derechos humanos, que ha condenado la violencia en Managua y otras ciudades del país.
