La activista venezolana busca respaldo por casos de tortura
Tamara Sujú, sigue su gira por Europa y se ha reunido con el secretario de relaciones exteriores del Reino Unido, Dominique Raab, invocando su experiencia como ex abogado de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores para presionar en el caso que se quiere armar contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la supuesta tortura sistemática de su pueblo.
La llamada fue dirigida por la destacada defensora de los derechos humanos de Venezuela, Tamara Sujú, quien visitó Londres para persuadir al Reino Unido de unirse a seis países no europeos para presionar a la corte penal internacional, CPI para que entable un caso contra el liderazgo venezolano.
Raab trabajó como abogado para el FCO, incluso en el ICC en La Haya, de 2000 a 2006, en teoría, el caso de Sujú, podría terminar con Maduro procesado frente a la corte, pero el progreso con el caso de la CPI tiene el potencial de jugar en las diversas conversaciones indirectas actualmente en curso entre los partidarios de Maduro y Juan Guaidó.
El respaldo británico a la investigación de la CPI, ha comentado Sujú, sería un duro golpe para Maduro, pues la referencia de la CPI fue respaldada inicialmente por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá a fines del año pasado, convirtiéndose en la primera referencia estatal a la CPI por otros estados.
Sujú, director ejecutivo del instituto Casla y partidario de Guaidó, indicó que: “Necesitamos un país europeo, preferiblemente Gran Bretaña, con instituciones suficientemente sólidas, una tradición democrática y un compromiso con los derechos humanos para unirse a nosotros en la CPI no solo con palabras sino también con suscribirse formalmente al caso.
«También necesitamos que Gran Bretaña imponga sanciones personales y económicas contra el régimen de Maduro y cierre sus espacios», actualmente la administración Trump endureció las sanciones económicas contra Maduro nuevamente esta semana.
Sujú ha compilado más de 600 casos detallados de presuntos abusos contra los derechos humanos, sus críticos afirman que es parte de un ejército de opositores de Maduro que utilizan los derechos humanos para tratar de resquebrajar al gobierno de izquierda.
Según Sujú, la CPI lanzó una investigación preliminar en septiembre de 2018
Un caso de la CPI tiene cuatro etapas iniciales, que incluyen un caso para responder, la identificación de las víctimas, la evaluación de si los crímenes son elegibles como crímenes contra la humanidad y si el gobierno ha tratado de procesar los casos.
El principal reclamo de Sujú es que los arrestos de manifestantes y, cada vez más, de figuras en el ejército, son sistemáticamente dirigidos por el gobierno de Maduro, lo que indica que los líderes tendrían que enfrentar la justicia en la CPI.
«No hay accidentes aleatorios de violencia», expresó Sujú, “lo que se ha destacado es que agrupan a masas de manifestantes 40 o 50 en ese momento, los llevan a la estación y los torturan como grupo”.
Según la defensora, “hay casos donde se llevaron familias. Hicieron que el padre observara cómo torturaban a su hijo y luego vería cómo torturaban a su padre. Torturaron a una madre y una hija, se quitaron la ropa antes de aplicar electricidad”, ha descrito.
Destacó la muerte del capitán militar Rafael Acosta Arévalo, quien fue arrestado el 26 de junio y murió tres días después, en su tribunal militar no pudo ponerse de pie, escuchar o comprender lo que estaba sucediendo y le pidió ayuda a su abogado.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela para escuchar relatos de los presos políticos cuando supuestamente, son torturados, con corrientes eléctricas, ahogamientos simulados, palizas y violencia sexual, y ya ha establecido una misión permanente.
