Washington quiere proteger a su gente de ser acusada de torturas
La administración de Trump a amenazado con restringir a funcionarios de la corte penal internacional la entrada a los Estados Unidos, en un movimiento destinado a proteger a militares y personal de inteligencia estadounidenses de una investigación sobre supuestas torturas en Afganistán.
El secretario de estado Mike Pompeo anunció la medida el pasado viernes en respuesta a una investigación pendiente, lanzada en el año 2017 por la fiscal internacional Fatou Bensouda, en lo que militares norteamericanos podrían ser acusados de «crímenes de guerra» cometidos en Afganistán.
«Estoy anunciando una política de restricciones de la visa de los Estados Unidos a las personas directamente responsables de cualquier investigación de CPI sobre personal estadounidense», afirmó Pompeo.
Pompeo se negó a decir a cuántos funcionarios se bloquearía para ir a los Estados Unidos, e indicó que las reglas de confidencialidad de visa le prohíben nombrar las personas afectadas.
Pompeo no quiere que la corte internacional destape algún traspié norteamericano
En respuesta, la corte penal internacional comentó que, «seguirá haciendo su trabajo independiente, sin inmutarse, con convenio a su mandato y al principio general del estado de derecho».
Pompeo expuso que, con las restricciones de visa se pretenden conseguir que la CPI, cesara en su afán de perseguir a funcionarios norteamericanos y que la administración de Washington está encaminada a aumentar la presión para lograr ese resultado.
«Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales, incluyendo sanciones, si la corte penal internacional no cambiará de rumbo,» explicó.
Pompeo señaló que el sistema militar estadounidense maneja cualquier acto de su personal, «cuando los miembros del servicio de Estados Unidos no se adhieren a nuestro estricto código de conducta militar, ellos son reprendidos, arrestados y condenados si eso es lo que se merecen».
La CPI ha proporcionado algunos detalles sobre las acusaciones, pero la fiscalía del tribunal apuntó ha «encontrado una base razonable para creer que los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron y siguen siendo cometidos por miembros de las fuerzas gubernamentales afganas y extranjeras y las fuerzas antigubernamentales como los talibanes».
La CPI ha sido polémica, con los críticos que sugieren que es una amenaza a la soberanía americana, partidarios señalan que el recurso basado en la corte de Holanda, se ofrece a las víctimas de genocidios y otros crímenes de guerra en países donde no existe ley.
Primero fue concebido en 1998 por el tratado de Roma como un tribunal para enjuiciar el genocidio, crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad, la corte penal Internacional es «un tribunal de última instancia» que busca el «complemento y no el reemplazo» se sistemas judiciales nacionales.
En un discurso el año pasado, el consejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton, criticó a la corte y declaró que la administración “utilizaría todos los medios necesarios para proteger a sus ciudadanos y los de nuestros aliados de un injusto enjuiciamiento por este tribunal ilegítimo”.
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