Honduras suspende parcialmente derechos constitucionales para enfrentar pandillas
Las autoridades de Honduras suspenderán parcialmente los derechos constitucionales como parte de un esfuerzo por combatir un aparente aumento de la extorsión. Esto, aumenta los temores de violaciones de derechos humanos y las advertencias de un autoritarismo progresivo en América Central.
Según el plan, la suspensión de derechos estará en vigencia desde este martes por la noche y estará vigente durante al menos 30 días.
Miles funcionarios de las fuerzas de seguridad serán desplegadas en 162 vecindarios infestados de pandillas. Los derechos se encuentran suspendidos, en las dos ciudades más grandes del país, San Pedro Sula y la capital, Tegucigalpa.
«La extorsión es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeñas y medianas empresas», afirmó Xiomara Castro, la presidenta de Honduras.
Al anunciar el plan el 24 de noviembre, señaló: «Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos anunciada hoy por la policía nacional, este gobierno del socialismo democrático declara la guerra a la extorsión».
Preocupante, es el número de personas que piden políticas contra los derechos en Honduras
El anuncio de Castro inmediatamente generó comparaciones con las políticas de línea dura del vecino El Salvador. Allí, el presidente Nayib Bukele, suspendió parcialmente los derechos constitucionales durante los últimos ocho meses. Mientras, la represión sin precedentes contra las pandillas resultó en más de 55 mil arrestos y una serie de presuntas violaciones de derechos humanos.
Los expertos dudan de que el gobierno de Castro tome medidas al mismo extremo que su contraparte salvadoreña. «Realmente me cuesta verlos llegar hasta Bukele», expresó Tiziano Breda, analista de seguridad de Centroamérica para el International Crisis Group.
Breda, enumeró tres razones principales para su conclusión. En primer lugar, que las violaciones generalizadas de los derechos humanos amenazarían con alienar a una facción clave de la coalición que llevó a Castro hace apenas un año.
En segundo lugar, aunque El Salvador es un país más pequeño tanto en territorio como en población, tiene más oficiales militares y policiales, así como capacidad carcelaria. Finalmente, el partido de Castro aún no tomó el control del poder judicial, cuyo cumplimiento sería esencial.
Sin embargo, a los activistas de derechos humanos les preocupa que la suspensión parcial de los derechos constitucionales pueda dar lugar a los tipos de abusos. Unos que presuntamente han tenido lugar en El Salvador, incluidas las detenciones arbitrarias de personas inocentes, el uso excesivo de la fuerza y la tortura.
«En lugar de generar expectativas positivas, genera una enorme preocupación», expresó Ismael Moreno, activista de derechos humanos en Honduras. Este, señaló el sombrío historial de las fuerzas de seguridad hondureñas y la falta de rendición de cuentas a la que históricamente han sido sometidas.
