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Cristina Fernández de Kirchner decodificada

El caso de corrupción contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, puede ser explicado

Una de las figuras más polarizante de Argentina pasó a la ofensiva esta semana cuando un juicio por corrupción en su contra entra en su siguiente fase. Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual vicepresidenta del país, rechazó el «pelotón de fusilamiento judicial mediático» que, según señaló, ya escribió su condena.

A Cristina Fernández, se le acusa de que lideró un esquema ilícito que desvió fondos estatales a través de la adjudicación de contratos de obras públicas a un amigo de la familia. El lunes, el fiscal principal del caso pidió a un tribunal federal de Buenos Aires que condenara a Fernández de Kirchner a 12 años de cárcel. Además de prohibirle, ocupar cargos públicos por el resto de su vida. Ella niega los cargos y afirma que es víctima de persecución judicial y política.

«He dicho esto antes. No vienen por mí. Vienen por todos ustedes», indicó la mujer de 69 años a sus seguidores al final de un discurso de 90 minutos el martes transmitido por su canal de YouTube y televisado por los medios. «Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, por los jubilados, por nuestro endeudamiento, eso es lo que buscan».

El caso, la respuesta pública en Argentina y las posibles ramificaciones políticas para la nación sudamericana comienzan, con Cristina Fernández de Kirchner señalada, como una de las 13 personas acusadas en la llamada «Causa Vialidad». Que se centra en la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz. Allí es, donde ella y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, cimentaron sus carreras políticas.

Juicio a Cristina Fernández.
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta 12 años de cárcel por acusaciones de corrupción que ella niega. Esto es lo que está pasando y «corresponderá al tribunal decidir si lo que ha dicho el fiscal es suficiente o no».

Cristina Fernández está acusada de «asociación ilícita agravada en la calidad de líder» y «administración fraudulenta agravada»

El caso se centra en un período de 12 años, que comenzó a principios de la década de 2000. En el cual se otorgaron 51 contratos a empresas propiedad de Lázaro Báez, un empresario que era amigo y socio de los Kirchner. Sin embargo, la fiscalía indicó que la empresa de construcción solo se creó como una empresa fantasma para extraer dinero del estado.

Casi el 80 por ciento de los contratos de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015 fueron a Báez. A menudo con precios inflados o con otras consideraciones especiales, según la fiscalía. De los 51 contratos, 24 nunca se completaron, agregó.

La defensa niega los cargos. Expresaron que la premisa de las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner era absurda. Señalan en particular, que los contratos de obras públicas pasan por el congreso. Por lo que cualquier acusación de asociación ilícita, argumentaron, tendría que extenderse a ese órgano legislativo.

Pero el fiscal Diego Luciani declaró que casi un tercio de los contratos pasaron por alto ese proceso y los que lo hicieron contenían información incorrecta. La izquierdista Cristina Fernández de Kirchner sirvió dos mandatos como presidenta, de 2007 a 2015, después del mandato de cuatro años de su esposo.

Ahora le toca defender su cargo, su inocencia y su elección

Mientras, como todas las cosas que tienen que ver con la vicepresidenta, el público argentino está dividido al respecto. El lunes, después de que la fiscalía completara sus alegatos finales, partidarios y detractores se enfrentaron frente a la casa de Fernández de Kirchner en el elegante barrio porteño de Recoleta.

El juicio ya dura más de tres años, pero aún queda camino por recorrer. A continuación, cada uno de los 13 acusados tendrá la oportunidad de hacer declaraciones finales. A cada uno de ellos se les asignan tres sesiones para esas observaciones finales, que comenzarán en septiembre.

Una vez emitido ese veredicto, las partes tienen derecho a apelar, primero ante la Cámara de Casación Penal y finalmente ante el Tribunal Supremo. Esa posible audiencia final en el máximo tribunal de Argentina podría llegar hasta 2025. El proceso legal no impide la capacidad de la vicepresidenta para ocupar cargos públicos. Lo que no le impedirá postularse en las elecciones nacionales del próximo año si así lo desea.

Fuente
AljazeeraBBCEfe

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