La censura es un ataque «devastador» para la salud pública según Amnistía
Amnistía internacional afirmó que la censura, los ataques a la libertad de expresión y los fake news, por los gobiernos en todo el mundo durante la pandemia de Covid-19 tienen «un impacto devastador». Dejando a las personas sin la capacidad para acceder a información precisa que les ayude a hacer frente a la crisis sanitaria.
El informe de Amnistía, silenciado por unos y condicionado por otros, “La libertad de expresión en peligro durante covid-19”, revela cómo el uso de la censura y el castigo por parte de las autoridades durante la pandemia redujo la calidad de la información que llega a las personas.
La pandemia proporcionó una «situación peligrosa» en la que los gobiernos utilizaran en su contra la nueva legislación. Se usó para censurar informes independientes y condenar a los críticos. Incluso a aquellos que intentaron examinar la respuesta de su gobierno a la crisis del Covid-19.
«A lo largo de la pandemia, los gobiernos lanzaron un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión. Lo que restringió gravemente los derechos de las personas», manifestó Rajat Khosla, director general de incidencia y política de investigación de amnistía internacional.
“Difundir la confusión por propio beneficio, supone una grave amenaza”, manifestó Amnistía
«Los canales de comunicación fueron atacados, las redes sociales censuradas y muchos medios de comunicación cerrados, lo que tuvo un impacto nefasto en la capacidad del público para acceder a información vital sobre cómo lidiar con el Covid-19.
«En medio de una pandemia, periodistas y profesionales de la salud son silenciados y encarcelados. Como resultado, las personas no pueden acceder a la información sobre real sobre el Covid-19. Lo que incluyó, la forma de protegerse a sí mismos y a sus comunidades”.
“Aproximadamente cinco millones de personas perdieron la vida por el Covid-19. Y la falta de información probablemente fue un factor contribuyente», indicó Khosla.
En China, durante el comienzo de la pandemia, los trabajadores de la salud, al igual que los periodistas profesionales y ciudadanos, intentaron dar la voz de alarma ya en diciembre de 2019, según señala el informe.
Pero el gobierno los atacó por informar sobre el brote, que era una enfermedad desconocida en ese momento. Para febrero de 2020, ya existían 5 mil 511 investigaciones penales contra personas que publicaron información por «fabricar y difundir deliberadamente información falsa y dañina», desvela el informe.
Otros países, incluidos Tanzania, Rusia o Nicaragua implementaron «leyes opresivas. Restringiendo el derecho a la libertad de expresión y silenciando a los críticos bajo el disfraz o en el contexto de la pandemia».
