El país inicia el hermoso reto de redactar una nueva constitución
Un sentimiento de anticipación generalizada se cierne sobre Chile, ya que la asamblea constitucional recién electa del país será inaugurada el domingo. Está en sus manos el futuro del país.
La asamblea, compuesta por una amplia y diversa franja de la población del país, tiene la tarea de redactar una nueva constitución. Una que llevará a Chile a las próximas décadas y presenta nuevos retos.
Muchos están llamando a esto, un momento histórico; es la primera vez en la historia que Chile elige a personas y les encomendó la redacción de una constitución.
Pero la asamblea refleja un país profundamente polarizado y los expertos señalan que quedan muchos desafíos por delante. Entre ellos, destaca la necesidad de generar confianza entre los electores ideológicamente diversos.
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«Siempre supimos que el escenario sería duro, incluso hostil. Pero esto es normal porque muchos de los asambleístas ven el proceso constitucional como el momento de pagar las deudas históricas de cada grupo que ha sido marginado», implicó Cristóbal Bellolio.
Bellolio, abogado y profesor universitario, se postuló sin éxito para un lugar en la convención de Chile. «Pero espero que cuando llegue el momento de llegar a acuerdos, prevalezca la confianza entre los electores».
En las elecciones de mayo para elegir a los miembros de la asamblea constitucional, los conservadores obtuvieron sólo 37 de los 155 escaños. Esencialmente los despojó de la capacidad de vetar el resultado de la nueva carta magna.
El actual gobierno de derecha de Chile no cree en la necesidad de una nueva constitución, que reemplazará a la actual, escrita en la década de 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Pero el statu quo ya no funciona para muchos de los casi 19 millones de ciudadanos de Chile y un levantamiento social en octubre de 2019 obligó a las élites del país a aceptar un sistema diferente. Lo que resultó en la formación de la asamblea constitucional.
Al menos 77 de los electores electos, o alrededor del 50 por ciento del total, están a favor de políticas para poner fin al papel subsidiario del estado. Y también a su modelo económico neoliberal, que ha dejado fuera a los pobres y las clases medias durante décadas.
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