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EEUU impone su chantaje a Venezuela a golpe de sanciones

EEUU impone su chantaje de sanciones después de la prohibición de bloquear la candidatura de la oposición en las elecciones venezolanas

El gobierno de Biden reanuda las medidas coercitivas contra el sector petrolero y minero venezolano, como chantaje y respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado

Más presión política, económica, la pura y dura intervención

El lunes 29 de enero de 2024, el gobierno de Estados Unidos anunció que reactivaría algunas de las sanciones que había levantado parcialmente contra Venezuela, como parte de los Acuerdos de Barbados, firmados en octubre de 2023 entre el gobierno de Nicolás Maduro y una parte de la oposición, con el auspicio de Noruega. Las sanciones afectan al sector petrolero y minero venezolano, que son vitales para la economía del país suramericano, que atraviesa una profunda crisis desde hace años. Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las empresas estadounidenses que tengan negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tendrán hasta el 13 de febrero para cerrar sus operaciones, o de lo contrario, enfrentarán consecuencias legales.

La decisión de Estados Unidos se produce después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara el viernes 26 de enero la inhabilitación política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, que había sido impuesta por la Contraloría General de la República (CGR) en junio de 2023, por supuestas irregularidades administrativas. Machado, que había sido elegida como la candidata unitaria de la oposición en unas primarias celebradas en octubre de 2023, con el apoyo de más de 6 millones de votos, quedó impedida de participar en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de febrero de 2024, en las que Maduro busca la reelección. El TSJ también ratificó la inhabilitación de otro líder opositor, Henrique Capriles, que había sido el candidato presidencial en 2012 y 2013.

Regresa el chantaje de las sanciones.
«Toda Venezuela rechaza el chantaje y ultimátum grosero e impropio expresado por el gobierno de Estados Unidos», escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en X.

Una respuesta diplomática y jurídica

La reactivación de las sanciones de EEUU fue rechazada por el gobierno de Venezuela. Que la calificó de “chantaje e intromisión” en los asuntos internos del país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que la medida era “un acto de agresión” contra el pueblo venezolano. Que violaba el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Rodríguez acusó a EEUU de pretender imponer su voluntad y su visión sobre el proceso electoral venezolano. Además de, desconocer los avances logrados en el diálogo político con la oposición. Rodríguez advirtió que Venezuela tomaría “todas las acciones necesarias” para defender su soberanía y su democracia. Y que podría suspender el programa de repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos.

La reactivación de las sanciones de Estados Unidos también fue cuestionada por la oposición venezolana. Esta la consideró “contraproducente” y “perjudicial” para la solución pacífica y democrática de la crisis. El coordinador de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática, José Manuel Olivares, afirma que es “una injerencia” que afectaba a todos los venezolanos. Lo que no contribuía a la recuperación económica ni al alivio de la emergencia humanitaria. Olivares indica que la oposición seguiría luchando por la restitución de los derechos políticos de Machado y de Capriles. Y por la realización de unas elecciones libres y transparentes, con observación internacional. Olivares pidió a Estados Unidos que reconsiderara su decisión, y que mantuviera el apoyo al diálogo y a la negociación.

El chantaje es un desafío para la convivencia diplomática

La reactivación de las sanciones de Estados Unidos plantea un desafío para el futuro y la convivencia de Venezuela. Cuando esta se encuentra en una encrucijada política, económica y social. Por un lado, está la posibilidad de que el gobierno de Maduro se radicalice y se aísle aún más. Cómo respuesta ante la presión y la hostilidad de EEUU.

Pero, su principal adversario externo, ha liderado una campaña internacional para desconocer su legitimidad y promover un cambio de régimen. Por otro lado, está la posibilidad de que la oposición se debilite y se divida aún más. Porque, ante la inhabilitación de sus principales líderes, la reactivación de las sanciones es cuestionada y rechazada por algunos sectores. Los que apuestan por el diálogo y la negociación. Por último, está la posibilidad de que la ciudadanía se movilice y se exprese, ante la grave situación que vive el país. Incluso, ante la falta de garantías y de alternativas para el ejercicio de sus derechos y de su voluntad.

Fuente
SherdogRTCBNCBBC

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