Sin narcotráfico habrá paz

Dos años después del final de la guerra de guerrillas que mató a 220 mil, otros jugadores se han involucrado en el narcotráfico, y los niños locales pobres son sobornados para tomar las armas, en una escuela en Cabeceras, Colombia, a orillas del río San Juan, los líderes de las aldeas, maestros y otras personas se reúnen en una ceremonia para marcar lo que esperan sea un punto de inflexión en sus vidas, un despliegue de la paz, un suceso que toca a toda persona como si fuere un signo, para establecer un territorio como «zona humanitaria» internacionalmente protegida, una paz sagrada.

En el evento se lee y se repite una solemne bendición, un memorial para aquellos que han sido «desaparecidos», asesinados, silenciados y desplazados; aquellos cuyos nombres conocen y aquellos que no conocen, «para los cuatro hombres que desaparecieron en el río Naya en abril», ora una mujer, «para mis hermanos», continua Siode Arbolia, de 35 años, sus jóvenes hermanos, Elcias y Didier Arboleda, se encontraban entre las cinco personas de Carrá, una aldea vecina, donde fueron asesinados a tiros cerca de sus hogares en marzo de 2017 por un grupo armado.

En una pancarta en la entrada del pueblo hay una pancarta que es una especie de declaración: muestran a extraños que la comunidad cuenta con el respaldo de la ONG internacional Christian Aid, así como de la comisión inter eclesiástica de justicia y paz, CIJP, y que sus dirigentes han denunciado cualquier colaboración con grupos armados, los ríos San Juan y Naya son dos de las principales rutas de tráfico de drogas de Colombia y las comunidades están rodeadas por grupos armados que compiten por el control de sus tierras.

Fluyendo más o menos paralelos entre sí, a ambos lados de Buenaventura, el principal puerto a oriente del país, los ríos transportan cocaína desde los campos y laboratorios de la selva hasta la costa del Pacífico, desde donde se envían a los mercados internacionales, incluidos los Estados Unidos y Europa, a principios de este año, los funcionarios europeos advirtieron que la creciente disponibilidad de la droga ilegal en las calles del continente era el resultado del aumento de la producción en Colombia.

Los nuevos datos muestran que el cultivo de coca se había elevado a un nivel récord; La cantidad de tierra utilizada para cosechar la planta de coca se disparó un 17% en 2017 en comparación con el año anterior, según la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, UNODC y en el debate se ha centrado en los consumidores de drogas, la violencia creciente en otros lugares, derivada del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Para las comunidades indígenas y afrocolombianas que viven en estos ríos, identificar qué grupo armado es responsable de la violencia, el hostigamiento y el terror que se les inflige no es una tarea fácil, pero una cosa que todos tienen en común, sin embargo, es el narcotráfico, en el departamento del Valle del Cauca, el tráfico de cocaína y la batalla para controlar la tierra en la que se cultiva están causando un conflicto tan brutal que está impulsando a las personas a huir del territorio cultivado por sus ancestros durante siglos.

Dagoberto Pretel, el representante legal de Cabeceras, una comunidad de unos pocos miles de personas, explica: «sabemos que todos los diferentes actores se están moviendo por el río y hay un combate entre ellos para controlar esta región, de modo que puedan mover su producto”, agregó, “si no hubiera narcotraficantes, viviríamos como lo hicimos hace 15 o 20 años, viviríamos en paz».

El narcotráfico genera más violencia que la represión política y religiosa

Dos años después de que el gobierno firmara un acuerdo de paz con los guerrilleros de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc, destinado a poner fin a la guerra más larga en América, que dejó 220 mil muertos y casi 10 millones de desplazados, muchos actores armados permanecen, entre ellos están los militares, los paramilitares, la policía, el ejército de liberación nacional o el ELN, un grupo guerrillero insurgente, así como un número creciente de grupos disidentes de las Farc que a pesar de las promesas del gobierno y las Farc en el acuerdo de paz para sustituir los cultivos ilegales con alternativas entre los agricultores y erradicar vastas huellas de hoja de coca, la paz sigue siendo una esperanza lejana para las personas en Cabeceras y las aldeas vecinas.

Después de años de violencia, las personas aprenden a no hablar de los delitos que presencian, y muchos no son denunciados, porque, si bien las autoridades llevaron a cabo una investigación sobre el asesinato de cinco personas de Carrá, no fue concluyente y se ha especulado que fue llevado a cabo por guerrilleros del ELN o creado para parecerse a ellos, pues el ELN, que está en conversaciones con el gobierno, se ha fortalecido y está ocupando los territorios que dejaron las Farc, que utilizaron el dinero del narcotráfico para financiar una guerra de 50 años.

John Hilber Mosquera, un pescador de 31 años que descubrió los cadáveres en el muelle de la aldea cuando fue a buscar gasolina, afirmó que encontró una bandera negra y roja que decía ELN, «estaba atrapado entre los cuerpos», comentó, “hay un nuevo grupo paramilitar en la zona, tal vez querían enviar un mensaje a las personas para que no se unieran a ese grupo o tal vez quisieron avisarnos?, por ahora no lo sé», este asesinato provocó ondas de choque a través de la comunidad afrocolombiana, y la mayoría de las personas de ambos pueblos huyeron y aunque la gente de Cabeceras regresó hace cuatro meses, los de Carrá están demasiado aterrorizados para volver.

El narcotráfico no es lo único que impulsa la violencia y el desplazamiento entre las comunidades locales, en el Valle del Cauca, que es rico en recursos, incluidos el oro y el carbón, el agua dulce y los cultivos lucrativos, el territorio también es un premio que persiguen poderosos grupos de interés, el padre Alberto Franco, líder de la ICJP, explicó que hay tres factores detrás de la violencia, “el primero es el control de la tierra, que solía ser controlada por las guerrillas de las Farc y ahora es el ELN, quien lucha con los militares, la policía y los paramilitares, el segundo es el conflicto armado interno, y el tercero es el narcotráfico».

Franco, quien fue fundamental para llevar el concepto de zonas humanitarias a Colombia, dice que la construcción de un puerto de agua dulce en la región de Buenaventura también fue un factor en el desplazamiento de los indígenas de los tramos más bajos de los ríos Calima y San Juan, «la violencia es esencial para sacar a los pobres de las áreas y allanar el camino para los proyectos de desarrollo», aseveró «con la violencia, las personas han aprendido que si ven o si escuchan, no hablan».

Buenaventura, donde terminan muchos desplazados de las zonas rurales, es una de las ciudades más peligrosas de Sudamérica para la población local, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, que enfrentan discriminación racial, líderes de Christian Aid, que está ayudando a las comunidades rurales desplazadas, hablaron de que los paramilitares les pagaron 100 mil pesos a algunos habitantes de la zona, para cometer asesinatos y obligar a los guardias armados a viajar fuera de sus comunidades y de las amenazas que ellos cometen.

Sin embargo, reconociendo el peligro que enfrentaba ahora, la unidad le dio una guardia armada de 24 horas para la protección nacional y los líderes acusaron al gobierno de no hacer lo suficiente para investigar las 66 desapariciones en el río desde 2001, de una escuela en ruinas en las afueras de Buenaventura, donde 260 personas de tres comunidades de la tribu Wounan habían sido desplazadas por dos años, estas personas comentaban que estaban desesperadas por regresar a sus tierras.