Familiares de las víctimas de los falsos positivos acusan inactividad de la JEP
Familias de los jóvenes colombianos asesinados extrajudicialmente por el ejército en lo que se conoce como el escándalo de los «falsos positivos» acusaron al ex jefe del ejército Mario Montoya esta semana de «burlarse» de ellos y de retener información clave detrás de la ejecución generalizada de civiles que resultó en al menos 2 mil 248 muertos.
En una audiencia de varios días muy esperada que comenzó el miércoles, se esperaba que el general retirado revelara nuevos detalles sobre el escándalo de los «falsos positivos», sobre que, durante décadas, el ejército colombiano mató a civiles colombianos, los vistió con ropas rebeldes y registró sus muertes como muertes en combate.
Esta maniobra, se realizó para inflar el recuento de cuerpos y apoyar afirmaciones de que estaban ganando la guerra contra las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC, por lo que, el testimonio de Montoya ha sido visto como un paso importante hacia la verdad y la reconciliación mientras que los colombianos luchan por establecer una paz duradera después de un conflicto armado de 52 años.
Grupos de derechos humanos colombianos, creen que Montoya es la clave para descubrir cuán alto fue el conocimiento de la cadena de mando de estos crímenes y si el expresidente Juan Manuel Santos y el senador Álvaro Uribe, ministro de defensa y presidente respectivamente en el apogeo de los falsos positivos, estaban involucrados.
Santos fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en el establecimiento del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, el tribunal de paz de Colombia, un sistema judicial de transición creado a partir del acuerdo de paz de 2016 para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado, pidió a Montoya que, compartiera su relato después de que 11 militares testificaran en su contra.
El ministerio público culpó a Montoya por ocho casos de «falsos positivos», por negligencia o liderazgo
Pero el primer día de audiencias, Montoya inicialmente indicó a los jueces que invocaría su derecho a permanecer en silencio, aunque después de un breve receso, los corregidores colombianos, procedieron a hacer preguntas relacionadas con la investigación de un fiscal general y las acusaciones hechas por otros miembros del ejército, pero los abogados de las familias dicen que negaron cualquier participación o conocimiento de los crímenes y respondieron preguntas vagamente.
«La forma en que Mario Montoya respondió a las preguntas era otra forma de permanecer en silencio», expresó German Romero, un abogado de las víctimas que estuvo presente durante la audiencia, «el tribunal de paz indica que respondió a cada una de sus preguntas, pero esas respuestas no aportan absolutamente nada a la verdad».
Durante el segundo día, las víctimas protestaron cuando Montoya explicó al tribunal que, los pobres antecedentes de los soldados colombianos estaba en la raíz de los crímenes, argumentando que el ejército necesitaba más hombres de clases sociales más altas para evitar que estos casos continuaran, «Eran soldados muy pobres e ignorantes que no entendían la diferencia entre los resultados y las bajas y por eso cometieron estos crímenes», afirmó Montoya.
Ocho militares colombianos, entre ellos un coronel, fueron declarados culpables del asesinato de al menos una persona y más tarde se les concedió la libertad condicional cuando transfirieron sus casos al tribunal de paz, las declaraciones de Montoya han avivado nuevamente las preocupaciones de las familias de las víctimas de que el general retirado, el funcionario de más alto rango que comparezca ante el tribunal, puede intentar escapar con una sentencia más leve y otros beneficios ofrecidos por el tribunal de paz sin cumplir con su obligación de contribuir a la verdad.
Grupos de derechos de las víctimas pidieron al tribunal que tomara medidas en respuesta a la «estrategia de retraso y negativa de Montoya a hacer contribuciones reales a la verdad», la jurisdicción especial para la paz, JEP, indicó que, consideraría la solicitud de las víctimas de expulsar a Montoya del tribunal o de iniciar un procedimiento judicial que pudiera dar lugar a una condena de 20 años de prisión.
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