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Refugiados en Ecuador protestas contra DD.HH.

Colombianos y venezolanos ocupan espacios de ACNUR en Quito

La mejor forma de explicar que está sucediendo en el país sudamericano es narrando la historia de Gina Peña, que fue compartida por en algunos diarios internacionales, Peña explicó que estaba saliendo de una oficina de ayuda humanitaria en la capital de Ecuador, Quito, cuando vio al hombre que la había amenazado su vida en Colombia y por la que habría huido de su país.

«Si abres la boca, cortare a tu familia”, narro Peña, “eso es lo que me dijo», y agregó que ya no se siente segura en la ciudad, Peña, de 37 años, huyó a Ecuador hace un año y medio con sus tres hijos después de recibir varias amenazas de muerte de miembros del ejército de liberación nacional, ELN, el grupo rebelde armado activo más grande de Colombia.

Sabía que las amenazas eran reales, ya que ha vivido uno de los peores conflictos armados de Colombia, afirmó la refugiada, su padre desapareció cuando ella tenía siete años, fue brutalmente violada y casi asesinada cuando tenía 11 años y su familia fue desplazada tres veces dentro de Colombia debido a la violencia.

Cuando Peña llegó a Ecuador, sabía que no estaba lo suficientemente lejos de sus amenazas, por lo que solicitó el programa de reasentamiento de la agencia de las naciones unidas para los refugiados, ACNUR, a través del cual transfieren refugiados en países de asilo a otro estado que ha aceptado admitirlos y otorgarles asentamiento permanente.

Pero en septiembre de 2018, Peña recibió su rechazo oficial por parte del ACNUR para ser reubicada, según la carta, su caso «no cumple con los criterios para el reasentamiento» y no se dio ninguna otra explicación sobre la negativa oficial de ACNUR.

«Si el ACNUR no me ayuda, me matarán», explicó, «desde aquí, no tengo a dónde huir», pero la historia de Peña es única, y no está sola, ella es una de las docenas de refugiados colombianos que han estado protestando frente a la oficina del ACNUR en Quito desde el 1 de junio, incapaces de pagar visas de trabajo, los venezolanos en Ecuador enfrentan multas.

Señalan que la agencia mundial de refugiados no está tomando en serio las amenazas contra sus vidas, y se niegan a irse hasta que el ACNUR se comprometa a trasladarlos a otro país, el grupo de manifestantes, que incluye a 39 mujeres y 29 hombres, así como a 40 niños, han estado ocupando el espacio día y noche, diciendo que no es seguro regresar a sus hogares.

Duermen en tiendas de campaña improvisadas en la acera durante la noche, sostienen carteles para pasar los automóviles durante el día y, ocasionalmente, se enfrentan a las oficinas de ACNUR para cantar el himno nacional colombiano y venezolano.

ACNUR Ecuador.
En el comunicado de prensa, la agencia señaló que el programa de reasentamiento es una de las tres posibles soluciones para los refugiados según su mandato, pero «no es un derecho individual que pueda ser exigido por ninguna persona o grupo».

Ecuador se ha convertido en un eje de asilo tanto de colombianos como de venezolanos

A pesar del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC en 2016, la violencia ha continuado en muchas partes del país y existen zonas controladas por el ELN, paramilitares y autodefensas que aún argumentan que el acuerdo fue violado por Iván Duque y Álvaro Uribe.

Colombia ha reportado el mayor número de desplazados internos en el mundo, dijo la ONU en un informe el miércoles.  Según el Consejo Noruego para los Refugiados, más de 190 mil personas han huido del país debido a la violencia continua.

Parte de la violencia se ha concentrado en los estados del sur de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Meta, de donde proviene la mayoría de los refugiados que protestan frente al ACNUR, más de 100 refugiados colombianos han estado protestando frente a la oficina de ACNUR en Quito desde el 1 de junio, estas también son áreas que tienen altos índices de pobreza y grandes poblaciones afrocolombianas.

Los manifestantes expresaron que enviaron una carta formal al ACNUR en Quito hace unos tres meses, solicitando que los casos de reasentamiento se simplifiquen y que otros se vuelvan a abrir y se vuelvan a evaluar.

ACNUR sostiene que siempre ha estado abierto a recibir tanto a individuos como a familias que necesitan asistencia, incluidos aquellos que protestan fuera de su oficina, en una entrevista reciente con la estación de televisión local Teleamazonas, la representante del ACNUR, María Clara Martin, afirmó que la agencia no toma la decisión final sobre los casos de reasentamiento, esto lo hacen los países receptores.

Documento de ACNUR

Uno de los problemas es que no existen criterios claros para los programas de reasentamiento, la selección es «discrecional», según Giovanna Tipán Barrera, ex directora de la unidad de gestión de movilidad humana en el gobierno provincial de Pichincha, Ecuador, donde se encuentra Quito.

Ella recibió y ayudó a las personas que solicitan el estatus de refugiado en Quito por más de cinco años, y aseguró que lo primero que hacen los refugiados colombianos es solicitar el reasentamiento en un tercer país, ya que es su última opción y «para aquellos que esperan ir a un tercer país, es como una lotería», afirmó Tipán Barrera.

«El ACNUR siempre dice que no gestionan esta información, la envían al tercer país y el tercer país decide, y si te aceptan, te aceptan, y si no, entonces no y nunca te dirán porqué», añadió, Tipán Barrera explica que la cantidad de refugiados colombianos en Ecuador no ha disminuido desde que se firmaron los acuerdos de paz, pero el problema se ha visto opacado por la migración venezolana, que ha sido mucho más visible.

En los últimos cuatro años, 1.3 millones de venezolanos ingresaron a Ecuador y aproximadamente 250 mil se quedaron en el país, de acuerdo con el gobierno ecuatoriano, más de 4 mil de ellos han solicitado el estatus de refugiado en Ecuador, pero la gran mayoría de las solicitudes de asilo y refugio sigue siendo colombiana, que representó más del 97% de todas las personas que solicitaron asilo en Ecuador en 2018.

Fuente
UNHCR

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