Esta sería una de las condiciones impuestas por líderes indígenas y manifestantes
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, removió de sus cargos al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, Roque Moreira, y al comandante del ejército, Javier Pérez, este martes 15 de octubre del 2019, los decretos fueron emitidos dos días después de la finalización de un paro en Ecuador, que provocó bloqueos viales y desabastecimiento en el país durante 11 días en medio de protestas de indígenas y manifestantes, desde el 3 de octubre del 2019, cuando, Moreno decretó estado de excepción, para que las Fuerzas Armadas salieran a las calles.
El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, despidió a Moreira, y a Pérez, en medio de las demandas de los líderes de la concentración a favor de los subsidios al combustible para responsabilizar a los más altos funcionarios militares del país por la violencia contra los manifestantes en las protestas, afirmó el ministerio de defensa.
«Según el Decreto 895 del 15 de octubre de 2019, para nombrar a la división general Luis Lara Jaramillo como jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, y según el decreto 896, para nombrar al general de brigada Luis Altamirano Junqueira como comandante general del ejército», se lee en el comunicado.
La reorganización entre los más altos rangos militares de Ecuador ha sido una de las condiciones presentadas por los líderes de las protestas y representantes de los pueblos indígenas de Ecuador para poner fin a las manifestaciones de casi dos semanas.
Los líderes en las protestas, exigieron que los jefes de las estructuras militares responsables del uso excesivo de la violencia contra los manifestantes fueran despedidos de inmediato, así como la restitución inmediata del subsidio al combustible.
Las protestas cercaron al gobierno hasta hacerlo cambiar de opinión sobre las decisiones tomadas
No obstante, el ministerio de defensa destacó que estos cambios están basados en la constitución que establece “son atribuciones del presidente de la república ejercer la máxima autoridad de las fuerzas armadas y de la policía nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial”.
Los ecuatorianos salieron a las calles de la capital Quito, Guayaquil y otras ciudades en medio de protestas contra las reformas económicas del gobierno de Moreno solicitadas por el FMI, en particular, el decreto que pondría fin a los subsidios habituales para la gasolina y el diésel para las personas.
El pueblo salió a las calles en casi 20 provincias del país por lo que Lenín Moreno ordenó un Estado de Excepción y un toque de queda en la zona metropolitana de Quito, con el propósito de minimizar las manifestaciones.
A medida que los disturbios y protestas civiles se volvieron progresivamente violentas, Moreno declaró un estado nacional de emergencia de dos meses y ordenó un toque de queda en Quito, movilizando a los militares para garantizar su implementación.
El domingo, Moreno sostuvo conversaciones con los líderes de las protestas y representantes de indígenas ecuatorianos, que concluyeron en un consenso para poner fin a las manifestaciones violentas y reconsiderar el controvertido decreto.
Antes de las manifestaciones, Moreno afirmó que Ecuador ya no podía pagar los subsidios y que su abolición podría ayudar al país a ahorrar unos 2.27 mil millones de dólares al año, además, el recorte de los subsidios al combustible fue parte del acuerdo del gobierno ecuatoriano con el fondo monetario internacional para ser elegible para un préstamo de 4.2 mil millones.
