Guatemala se encuentra en estado de sitio

Los disidentes al gobierno de Morales salen a la calle en protesta

El congreso de Guatemala aprobó el estado de sitio a pesar de las protestas de grupos de derechos humanos que condenan la medida, temiendo que el estado de sitio conduzca a más represión y violencia desde un gobierno al que no han podido impugnar.

Los legisladores guatemaltecos votaron el sábado para ratificar un estado de sitio en la parte oriental del país durante 30 días, a pesar de las protestas de los grupos sociales.

El presidente saliente Jimmy Morales estableció un mes de estado de sitio por decreto ejecutivo después de que tres soldados fueron asesinados un día antes en el este de Guatemala, el congreso de mayoría oficialista, aprobó una resolución el miércoles instando al poder ejecutivo a emitir el decreto.

«Pedimos a todas las instituciones y también a la población que cooperen y colaboren con todo el trabajo que harán nuestras fuerzas de seguridad», informó el presidente Morales el miércoles después de anunciar la medida.

El estado de sitio está vigente en todo el departamento de Izabal y en 17 municipios en cinco de los otros 22 departamentos de Guatemala, que suspende muchas garantías constitucionales, incluidas las libertades de movimiento y reunión e implementa un toque de queda nocturno para las áreas afectadas.

Según el gobierno, el ejército participó el martes en operaciones antinarcóticos cuando los residentes locales que, supuestamente trabajaban para los narcotraficantes, mataron a tres de ellos, los informes preliminares de la comunidad y una evaluación forense inicial contradicen la versión oficial de los eventos.

Las investigaciones de la policía y la fiscalía sobre el incidente continúan, al igual que la militarización del este de Guatemala, por lo que la medida provocó la condena generalizada de activistas de derechos humanos y los grupos civiles, el alcance geográfico significativo del estado de sitio es uno de los puntos clave de la preocupación.

Guatemala ha estado inmersa en una crisis desde que la CICIG determinó que Morales estaba implicado en hechos delictivos

«La cobertura geográfica solo puede responder a la escena del incidente», expresó Iduvina Hernández, directora de la asociación para el estudio y promoción de la seguridad en la democracia, ya que gran parte de la región afectada en el este de Guatemala está habitada por comunidades indígenas mayas Q’eqchi’ que luchan por los derechos sobre la tierra y contra la minería de níquel y las plantaciones de palma aceitera.

Varios municipios predominantemente mayas incluidos en el estado de sitio fueron duramente golpeados por masacres, desapariciones forzadas y otras atrocidades militares durante la guerra civil de 1960-1996 entre el ejército y las fuerzas rebeldes de izquierda de Guatemala.

De los cinco tipos de estados de excepción según la ley guatemalteca, un estado de sitio, que concentra la operación bajo el mando militar, es solo superado por un estado de guerra, razón por la cual, «la magnitud de la medida, les permite militarizar o remilitarizar una región con un alto nivel de conflicto, donde las comunidades se oponen a los proyectos de la industria extractiva», indicó Hernández frente al congreso.

La policía nacional civil de Guatemala bloqueó la marcha contra el estado de sitio cuando se acerca al edificio del congreso guatemalteco, mientras el comité de unidad campesina, un movimiento social rural de larga data, organizó una marcha entre tambores, desde el palacio presidencial.

La policía acordonó varias cuadras en el centro de la ciudad de Guatemala para evitar que todos menos un puñado de manifestantes llegaran al congreso, todo en medio de protestas por el reciente cierre del CICIG de Guatemala: el organismo anticorrupción respaldado por la ONU.

Los activistas mayas, están preocupados de que el gobierno pueda usar el estado de sitio para perseguir desalojos comunitarios pendientes y arrestar a los líderes locales, «creemos que ese es uno de sus objetivos», afirmó un líder social durante la acción de protesta detenida por las barricadas policiales, “la situación se está volviendo cada vez más clara», dijo Pascual.

La ratificación que se produjo en el congreso, con enmiendas al decreto que aumentan la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al gobierno y los gastos en estado de sitio, y requieren un informe del consejo de seguridad nacional sobre los logros durante el estado de excepción.

El Parlamento Xinka, el órgano representativo del pueblo indígena Xinka, presentó una demanda legal el viernes ante el tribunal constitucional contra el estado de sitio y se esperan desafíos legales adicionales ahora que el congreso ha ratificado la medida.