La convocatoria que se encargará de la recolección de firmas publicada por la coordinadora nacional “Agua para Tod@s”, informa de manera alarmante que el pasado 5 de junio «Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos que levantan vedas, extinguen derechos de núcleos agrarios y ponen enormes volúmenes de aguas nacionales en manos de gobernadores. Urge abrogar estos decretos antes de que empiecen a otorgar mega concesiones a empresas energéticas y mineras», explica.
La sociedad civil organizada, ONGs, académicos y otras organizaciones en México emitieron una campaña a nivel de todos los niveles de la sociedad azteca para evitar la privatización del agua, luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmara una serie de decretos en los cuales se quita una veda que existía sobre varios acuíferos, de los cuales dependen millones de personas.
El gobierno mexicano ha desmentido aireadamente tal acusación y ha manifestado que «Es falso que se intente la privatización. Es exactamente todo lo contrario: se garantiza, para el estado mexicano, que exista suministro de agua para las futuras generaciones», manifestó Eduardo Sánchez, portavoz de la oficina de la presidencia de la república.
Aun sin embargo el grupo de manifestantes, acompañados de expertos en temas de manejo y gestión del agua, mantienen que las disposiciones firmados por el mandatario dejan abierta la puerta para que gobernadores tengan la libertad de disponer de los acuíferos y puedan otorgar concesiones a privados y compañías mineras y para que otras empresas puedan utilizar el agua con fines comerciales, temiendo sobre manera que se otorgue la posibilidad de la entrada de prácticas altamente contaminantes como el “fracking” o la fractura hidráulica que actualmente se utiliza para extraer gas del subsuelo.
En qué consisten los decretos sobre el agua en México
El martes 5 de junio, durante la conmemoración del día mundial del medio ambiente, el administrador del palacio de los Pinos, Enrique Peña Nieto, dio el ejecútese a diez decretos de reserva de agua, con el cual prescindió la contravención que poseían las empresas a casi trecientas de las 700 cuencas que posee la nación azteca y de las cuales se extrae el agua.
Peña Nieto firmó decretos que levantan la prohibición de explotación a casi la mitad de las cuencas de ríos y lagos en México, pero que dicen los decretos en detalle, la decena de decretos elimina las vedas de casi 300 de las 700 cuencas del país, las cuales equivalen al 55% de los lagos y ríos mexicanos, lo que implica un giro de 180° que permite que no haya impedimentos para la extracción del vital recurso.
Según expresa el decreto, en lugar de la restricción de su explotación se establecerán «zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas».
Y cada decreto en específico señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión y pertenecen a diez diferentes ríos, que significan el patrimonio de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Puebla, Colima y Jalisco.
La veda es una mesura que imposibilita al gobierno hacer uso del agua, para fines comerciales o mercantiles y a disponer de ella o realizar concesiones para su explotación. «Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva. (…) Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental», afirmó Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales Universidad Nacional de México.
Inmediatamente se dejó escuchar la protesta de la organización Agua para Tod@s que afirma que la firma de los decretos es simplemente una puerta que posibilita la privatización de las reservas de aguas y los acuíferos nacionales.
«Estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano», increparon los manifestantes.
Agua Para Tod@s sugiere que a pesar que los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente y se escudan en una moral ecológica y proteccionista de los recursos naturales mexicanos, circunscriben reservas para uso urbano e incluso para la generación de energía eléctrica, lo que según el colectivo beneficia directamente a las empresas trasnacionales que al verse liberadas de la veda podrán solicitar a los estados las autorizaciones que ya no «requieren de concesiones con seguridad jurídica».
El grupo atribuyen a los decretos desconocer los derechos ancestrales que sobre las cuencas poseen los pueblos indígenas, «empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Tampoco atiende su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de Gobierno sobre las aguas en sus territorios», increparon.
Decretos de reserva de agua NO privatizan el agua. Garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente https://t.co/lUwTsmxCox
— Conagua (@conagua_mx) 18 de junio de 2018
Por su parte Eugenio Barrios, director del programa Agua, de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, explicó que «Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común», aseguró.
