Juez mexicano ordena inmediata libertad a migrantes centroamericanos
El gobierno mexicano debe liberar inmediatamente a los migrantes detenidos que son especialmente vulnerables al nuevo coronavirus y otorgarles derechos de residencia temporal para garantizar el acceso a la salud y los servicios sociales, ha dictaminado un juez, que también descarta que las autoridades mexicanas deben garantizar la atención médica o la protección de Covid-19 a todos los migrantes detenidos.
La medida, ordenada por un juez de distrito de la ciudad de México en un fallo provisional publicado el viernes, se aplicaría a los migrantes mayores de 60 años de edad y a aquellos que tienen una discapacidad, enfermedad crónica u otra condición que los pone en mayor riesgo de contraer Covid-19.
El juez también instruyó a las autoridades a implementar una serie de medidas para garantizar el acceso a la atención médica, la información de salud, el agua, la higiene personal y el contacto con familiares para los migrantes en centros de detención.
El fallo se produjo después de que el instituto de la mujer en migración, IMUMI, Sin Fronteras y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático, en coordinación con más de 40 grupos más, presentaran una demanda, argumentando que el gobierno no estaba proporcionando una protección adecuada a los migrantes detenidos durante la pandemia.
«La resolución es bastante compleja e inusual», señaló Lorena Cano, abogada de la IMUMI, es difícil en México lograr un mandato de un tribunal de distrito con un alcance tan amplio, aplicándose a todos los migrantes y solicitantes de asilo dentro y fuera de las instalaciones de migrantes en todo el país, señaló Cano, «es muy alentador».
El Covid-19 se está extendiendo rápidamente en México y el país cuenta en la fecha con 8 mil 261 casos confirmados y 686 personas de ellos, han muerto a causa del virus, lo que representa un aumento de más de 100 muertes en las últimas 24 horas.
Las esperanzas para los migrantes detenidos en México, parecen algo más alentadoras
No se han notificado casos entre los migrantes detenidos, pero los grupos de migrantes y de derechos humanos han dado la alarma por la falta de acceso a la atención sanitaria, los alimentos y las condiciones sanitarias adecuados en la detención de inmigrantes durante años.
«En las instalaciones más grandes, en la Ciudad de México y Tapachula, la gente ha perdido la vida debido a la falta de atención médica», afirmó Cano, «todas esas condiciones y violaciones de los derechos humanos son lo que nos llevó a presentar la acción legal», aseveró.
Dos días más tarde, el instituto nacional de inmigración de México emitió una declaración en la que se esbozaban los protocolos relacionados con el coronavirus para las instalaciones de inmigración, incluyendo medidas de distanciamiento entre camas y el suministro de un espacio menos transitado para aquellos en grupos vulnerables.
Los funcionarios de inmigración ahora deben proporcionar una contabilidad completa de todos los migrantes detenidos, implementar protocolos de salud adicionales, proporcionar acceso a la atención médica, información y otros servicios, y liberar a los que pertenecen a grupos vulnerables, de acuerdo con el fallo del juez de distrito y también deben «establecer una estrategia, de conformidad con los programas sociales existentes, para las personas en situaciones de migración o solicitando protección internacional para acceder a beneficios económicos que apoyen su sustento», como expone el fallo.
