DirecTV cierra operaciones en Venezuela
El conglomerado comunicacional se acoge a las sanciones norteamericanas.
El conglomerado multinacional AT&T que mantiene operaciones en 11 países de América Latina y el Caribe, fue una de las pocas empresas estadounidenses en seguir haciendo negocios en Caracas a pesar de la creciente presión de las sanciones de Washington, AT&T ha cerrado sus operaciones de DirecTV Latin America PayTV en Venezuela «efectivas inmediatamente», señaló la compañía con sede en Dallas, Texas, en un comunicado el martes.
«Las sanciones del gobierno estadounidense a Venezuela han prohibido la transmisión de Globovisión y los canales del PSUV, los cuales están obligados bajo la licencia de DirecTV a proporcionar servicio de televisión de pago en Venezuela», explicó la compañía en el comunicado, refiriéndose a los canales progubernamentales, incluidos los del PSUV, el partido gobernante del país.
«Debido a que es imposible que la unidad de DirecTV de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligado a cerrar sus operaciones de televisión de pago en Venezuela, una decisión que tomó el equipo de liderazgo estadounidense de la compañía sin ninguna participación o conocimiento previo del equipo de DirecTV Venezuela», agregó la declaración de prensa.
El comunicado oficial de AT&T deja claro que las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela prohíben la transmisión de los canales Globovisión, del empresario, Raúl Gorrín, y PDVSA, la estatal Petróleos de Venezuela, señala que, debido a que es imposible que la unidad local de AT&T pudiera cumplir con los requisitos legales de EEUU y de Venezuela, se vio en la obligación de cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela.
AT&T había sido el mayor operador de TV paga en el mercado venezolano, representando casi la mitad del mercado, y haciendo uso de un centro de radiodifusión con sede en Venezuela para transmitir alrededor de 1/3 de su programación a otros mercados sudamericanos, antes de la decisión del martes, la compañía había cumplido previamente con las solicitudes de los gobiernos venezolanos de censurar a las cadenas de televisión estadounidenses como CNN.
Para muchos esta relación de simbiosis entre el estado venezolano y AT&T mostraba un acuerdo tácito de aceptación del gobierno venezolano tal y como se encuentra, pero para otros es, según, demostrable que existen otros intereses económicos de por medio.
DirecTV operaba desde y en Venezuela desde el año 1994, cuando lanzó un satélite desde el país para cubrir a todo centro y Sudamérica
El gobierno venezolano suspendió las relaciones bilaterales con Washington a principios de este mes tras un intento de invasión mercenaria marítima del país entre el 3 y el 4 de mayo, según el testimonio de dos mercenarios estadounidenses capturados, la operación tenía como objetivo «capturar» al presidente Nicolás Maduro y llevarlo de vuelta a los Estados Unidos para ser procesado por cargos falsos de drogas.
Pero como en muchos casos ha sucedido, nada es comprobable al igual que muchas acusaciones que se han dejado caer sobre exfuncionarios de PDVSA y otras instancias del estado por corrupción, que se han perseguido como en el caso de Eudomario Carruyo, Nervis Villalobos o Rafael Ramírez y luego se han descartado, algunos por no ser culpables como Carruyo y otros por conveniencia como Ramírez o Villalobos.
Además de CNN, la cadena española Antena3 y los canales de noticias colombianos RCN y NTN24, también habrían salido de la parrilla de la programación de AT&T, por su cobertura sesgada de la crisis política en curso en el país, incluyendo el intento de golpe de Estado del autoproclamado «presidente interino» Juan Guaidó.
Estados Unidos y sus aliados comenzaron a apoderarse de los activos del estado venezolano en el extranjero y a golpear con duras sanciones a las empresas del país poco después de reconocer a Guaidó como el presidente del país, las autoridades venezolanas describieron estas medidas como «guerra económica», e instaron a otras naciones a hacer frente al acoso estadounidense.
Las sanciones puestas en marcha en 2019 siguieron a casi una campaña económica de una década contra Caracas, en febrero de 2019, el think tank del centro estratégico geopolítico Latinoamericano estimó que el bloqueo financiero liderado por Estados Unidos le costó al país entre 260 mil millones y 350 mil millones de dólares sólo entre 2013 y 2017.
El país latinoamericano ya presentó una apelación contra Washington en el código penal internacional, CPI, en febrero, argumentando que las sanciones estadounidenses contra Caracas constituyen un crimen contra la humanidad, Venezuela considera que los esfuerzos estadounidenses para impedir el comercio de su petróleo violan el derecho internacional, y apelará a la CPI en La Haya, anunció el martes el ministro de relaciones exteriores Jorge Arreaza.
